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Asamblea Constituyente y nueva Constitución

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La mayoría del mundo político, social y académico concuerda en que la vía de reformas a la Constitución se encuentra agotada y, por ende, no se puede volver a cometer el error de sólo hacer reformas parciales como en el año 2005. Así, el ciclo constitucional al que tenemos que transitar es uno que de paso a una nueva Constitución, que sea escrita a partir de una “hoja en blanco” como acertadamente señaló el ex presidente Lagos.

Autores: Marco Enríquez-Ominami y Jaime Gajardo

El debate constitucional se ha instalado en nuestro país y entre las fuerzas de izquierda y progresistas existe un consenso acerca de la necesidad que tiene el pueblo de Chile de dotarse de un nuevo marco de convivencia, es decir, de una nueva Constitución Política para la República. Además, durante el presente año, hemos sido testigos de cómo la actual Constitución ejerce su rol de camisa de fuerza en términos ideológicos, siendo utilizada por la derecha a través de sus mecanismos contramayoritarios (altísimos quórums para la aprobación de ciertas leyes, el Tribunal Constitucional, entre otros) para mantener el statu quo y dejando escaso margen para que proyectos políticos que cuentan con mayorías sociales y políticas puedan llevar a cabo las transformaciones sociales que se proponen.

Junto con lo anterior, la mayoría del mundo político, social y académico concuerda en que la vía de reformas a la Constitución se encuentra agotada y, por ende, no se puede volver a cometer el error de sólo hacer reformas parciales como en el año 2005. Así, el ciclo constitucional al que tenemos que transitar es uno que de paso a una nueva Constitución, que sea escrita a partir de una “hoja en blanco” como acertadamente señaló el ex presidente Lagos.

También existe un amplio acuerdo en la academia y el mundo social, en que la nueva Constitución debe nacer como resultado de un debate a través de un mecanismo democrático, participativo, inclusivo e institucional, similar a lo que se conoce en la doctrina constitucional como asamblea constituyente. El actual Congreso Nacional con su conformación binominal no asegura el cumplimiento de dichos principios, por lo que es necesario otro mecanismo que sí lo haga.

Sin embargo, pese a los altos grados de consenso, tanto en la necesidad de una nueva Constitución como en que el mecanismo más óptimo para su elaboración es una Asamblea Constituyente, actualmente hay un debate sobre la supuesta imposibilidad de la misma dentro del actual sistema jurídico. Dicha postura jurídico-política se atrinchera en el capítulo XV de la Constitución, que es el que establece su mecanismo de reforma, no abriéndose a la posibilidad de que dicho capítulo sea reformado contemplando la Asamblea Constituyente o buscando otras posibilidades para la misma. De igual forma, sus representantes caricaturizan la Asamblea Constituyente, comparándola con la de países como Venezuela, pero obviando que países que admiran tuvieron Convenciones Constituyentes al margen de la institucionalidad de su época (EE.UU 1787) o mediante amplios acuerdos políticos la hicieron posible (España 1977-78).

A nuestro juicio, lo que ocurre es que los sectores más reaccionarios y conservadores, presentes mayoritariamente en la derecha y lamentablemente también en la nueva mayoría, se escudan en la supuesta imposibilidad jurídica de la Asamblea Constituyente para no señalar públicamente que se sienten conforme con la actual Constitución y sólo buscan su mínima reforma.

Por todo lo anterior, resulta fundamental que desde todos los ámbitos (político, social, académico, etc.) se siga trabajando por una nueva Constitución, una que permita proyectos sociales transformadores, que entienda a la salud, la educación, la previsión como derechos sociales que se encuentran reconocidos por la Constitución y garantizados por ésta, que diseñe un igualitario reparto del poder político y territorial, en fin, una nueva Constitución que pueda ser discutida por todas y todos, sin chantajes de minorías privilegiadas ni mecanismos que empaten sus fuerzas con las de mayoría de la población.

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Columnas

Abogado y Magíster en Derecho con mención en Derecho Público, Universidad de Chile. Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Derecho Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Doctorando en Derecho y Ciencia Política, Universidad Autónoma de Madrid.

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