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Nueva Ley de Migración: Falencias y derechos vulnerados

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Un registro secreto de migrantes, permisos de larga duración, rechazo de una “amnistía migratoria” y centros de detención especiales son cuatro falencias generales que organizaciones de migrantes acusan de una de las grandes promesas de la presidenta Michelle Bachelet: la nueva Ley de Migración.

En calle San Luis de Quilicura cerca de 100 inmigrantes viven en condiciones de hacinamiento, en una pieza de aproximadamente 5 metros cuadrados que les cuesta entre $100 mil y $130 mil al mes. Allí deben compartir los dos baños – uno para hombres, otro para mujeres – y una cocina comunitaria.

Un par de comunas más abajo, Guedelin Orzil, inmigrante haitiana, tuvo que dar a luz en una silla de ruedas en el Hospital San José de Independencia luego de que el personal de salud no le prestara asistencia. En consecuencia: su hijo se cayó al piso. El hospital no le realizó los exámenes pertinentes para verificar su estado de salud.

Situaciones como estas evidencian la necesidad de políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de los aproximadamente 500 mil inmigrantes que hoy viven en el país – según cifras estimativas del Movimiento Acción Migrante (MAM) -, y la urgencia de una nueva Ley de Migración en Chile que, pese a haber ingresado a la Cámara de Diputados el 4 de julio de 2013 como proyecto de ley, hasta el día de hoy permanece estancada.

El último anteproyecto de ley que se conoce es del 6 de febrero de 2016, de ahí en adelante el gobierno no ha hecho público ningún avance en esta materia. Es por esto que distintas organizaciones de migrantes, como el MAM y el Comité de Refugiados Peruanos en Chile, han criticado que el proyecto se ha hecho a “puertas cerradas”.

En este contexto, Radio JGM presenta cuatro falencias generales del proyecto de Ley de Migración, que pretende aprobarse antes del término del actual gobierno de Michelle Bachelet.

1. Registro secreto de inmigrantes del Ministerio del Interior

La base de datos B3000 es un sistema de registro especial para extranjeros que reúne toda la información de las personas de distintas nacionalidades que ingresan al país. Desde huellas dactilares, antecedentes familiares, domicilio, profesión – que para los ciudadanos chilenos están reunidos en el Registro Civil – hasta conflictos arrendatarios y problemas crediticios con bancos o empresas del retail.

Rodolfo Noriega, peruano, abogado y presidente del Comité de Refugiados Peruanos en Chile, asegura que “nosotros estamos fichados por esa ponderación que se nos hace como un ente que puede generar peligro para el país”. De ahí que este sistema “ilegal”, según Noriega, dependa del Ministerio del Interior al igual que el Departamento de Extranjería y Migración.

Según el artículo nº 149 del anteproyecto presentado al Ministerio del Interior el 6 de febrero de 2016 – al que Radio JGM tuvo acceso gracias a cortesía Revista Sur -, dentro de las competencias y funciones que se le otorgan al Ministerio del Interior está “generar información migratoria y dictar normas para su integración, administración y almacenamiento por parte de los órganos de la Administración del Estado, con miras al diseño, ejecución y evaluación de los planes y programas en curso y los futuros”.

Frente a esto, Noriega sentencia: “¿por qué tener un registro especial de extranjeros? ¿cuál es el sentido de tener un registro especial? ¿Por qué segregar? Es más, si tú esto se lo encomiendas a las policías para que sean las únicas que tengan acceso a este registro, evidentemente que tú estás ligando el tema de la presencia de los extranjeros con un tema de seguridad”.

2. Permisos de visitantes de larga duración

 Otro de los temas controversiales de la nueva ley son los permisos de larga duración “pasajeros en tránsito” y “habitante de Zona Fronteriza”. El primero está estipulado en el artículo nº 32 del anteproyecto y está pensado en un número menor de extranjeros, altamente calificados, que vienen a trabajar al país por períodos cortos de tiempo.

Para el dirigente de los refugiados peruanos, este permiso especial está orientado a que las empresas que quieren traer personal calificado del extranjero puedan contar con un camino más expedito, y así no enfrentarse a la burocracia administrativa característica del país.

“El tema es que cada vez que vienen tienen que obtener permisos para poder trabajar, y eso es una molestia administrativa tanto para el extranjero por este sistema de extranjería tan malo, tan deficiente, como molestia para las empresas porque les genera un costo”, enfatiza Noriega. Sin embargo, el problema es que estos permisos no pueden entenderse como una norma general, sino como “una cuestión de excepción para ellos”.

El permiso “habitante de Zona Fronteriza” establece que “aquellos extranjeros y extranjeras que sean nacionales y/o residentes de Estados fronterizos con Chile podrán ingresar en calidad de Habitante de Zona Fronteriza a una zona determinada del territorio nacional, siempre que tengan domicilio en una zona limítrofe establecida en un convenio bilateral suscrito por el Ministerio de Relaciones Exteriores”, pero consultando antes a la cartera de Interior.

El problema de este tipo de permiso para Noriega es que precariza las relaciones laborales, principalmente para los trabajadores y trabajadoras agrícolas. De esta manera, con la nueva ley temporeros y temporeras podrán obtener una residencia y cédula de identidad chilena, pero sin someterse a las leyes laborales del país: “no van a cotizar, no van a tener seguridad ante un accidente de trabajo, van a ser personas que trabajarán a cualquier sueldo y sin ninguna protección de parte del Estado”, asegura el abogado.

3. Imposibilidad de legalizarse

En febrero de este año, el Departamento de Extranjería y Migración detectó cerca de 10 mil contratos de trabajos falsos. Esto, en parte, debido a que muchos extranjeros que no cuentan con estudios superiores o carreras técnicas no pueden acceder a un trabajo formal y, por ende, a una visa temporal. Dicho contrato es la única posibilidad real de poder tener un trabajo estable que permita su permanencia en el país.

Yvenet Dorsain, dirigente de la comunidad haitiana de Chile, explicó al programa Chile a Todo Color que la mayor parte de los inmigrantes afectados por los contratos falsos son los haitianos y haitianas.

“El idioma nos juega una mala pasada en este sentido, y el haitiano que tiene el contrato falso muchas veces va a la extranjería y dice ‘mira yo tengo un contrato, yo lo compro en tal lado’ porque no saben que este contrato es falso. Por un lado es que no saben, y por otro es que nunca iban a creer que para tener residencia (en Chile) deben tener un contrato, mientras que cuando van a trabajar les piden la residencia”, cuenta Yvenet.

Noriega asegura que uno de los puntos inciertos del anteproyecto de ley es que “si Extranjería o Migraciones va a mantener la facultad de regularizar las situaciones de ingreso irregular o residencia irregular. La versión que hemos conocido dice que no criminalizará el ingreso irregular, pero niega la facultad de regularizar tales situaciones”.

El presidente del Comité de Refugiados Peruanos en Chile afirma que no deberían ponerse restricciones al ingreso de las personas por ningún motivo, sino que debería tomarse en cuenta el compromiso que tendrá esa persona con el país.

“¿De qué te vale tener una persona que va a estar trabajando tres o seis meses “a la negra” si lo puedes tener trabajando legalmente, con contrato, con imposición, porque sabes que de esa manera puede tener una mejor situación en el país? Se trata de usar las posibilidades que te abre una migración, que de beneficios al país”.

4. “Detenciones especiales”

El artículo nº 116 del anteproyecto de ley establece que, en casos en que se dictamine la expulsión de un extranjero o extranjera, “la detención del afectado o afectada se llevará a cabo en dependencias de Policía de Investigaciones de Chile, dando cumplimientos a los estándares sanitarios y de habitabilidad adecuados, y separado o separada de toda la población penal”.

Para Noriega esto es “un eufemismo, esto es una cárcel; una cárcel especial para extranjeros. Antes le pusieron el nombre ‘centro de retención’, en el anteproyecto nuevo le sacaron el nombre, pero igual es un centro especializado de la PDI.  En realidad es una cárcel”.

Pese a que el artículo señala que “el detenido gozará de todos los derechos y garantías contenidas en el Código Procesal Penal” y que estará sujeto a los estándares profesionales de toda cárcel, el problema de fondo es que si la infracción a una norma migratoria es de carácter administrativa, el Estado no podría criminalizar ni privar de libertad porque esto corresponde a una medida de orden penal.

Noriega cuenta que lo más preocupante es que estos centros de detención especiales ya existen, y que como organización identificaron uno ubicado en Seminario Nº 11. “La policía tuvo que reconocerlo ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado. El jefe nacional de la policía internacional dijo y reconoció que estaba en seminario 11 y que era un centro de retención de extranjeros”.

Tanto el Movimiento Acción Migrante como el Comité de Refugiados Peruanos en Chile han acusado que, luego del anteproyecto presentado en febrero de 2016, el gobierno ha discutido sobre la nueva Ley de Migración a puertas cerradas sin considerar los estudios y la opinión que puedan tener estos distintos movimientos representativos.

Otra preocupación de las organizaciones de migrantes es que más allá de la urgencia de una nueva ley migratoria, lo importante es que se genere un trabajo articulado del Estado en torno a tres ejes principales: ley, políticas públicas e institucionalidad.

Iskra Pavez, investigadora y Doctora en Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, asegura que “en la práctica la normativa emanada de la dictadura militar es la que sigue vigente en Chile respecto a la gestión del fenómeno migratorio contemporáneo. Es indudable pues la necesidad de diagnosticar y diseñar una estrategia política integral acorde con la realidad actual de las familias, mujeres, hombres, niñas y niños migrantes”.

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Migración · Política
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Estudiante de 5to año de Periodismo de la Universidad de Chile. Colaboradora de la Radio Comunitaria Juan Gómez Millas.

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