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Desalojo Casona Cienfuegos

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Este miércoles se concretó el desalojo, ordenado por la Municipalidad de Santiago, de la casona ubicada en calle Cienfuegos que fue afectada por un incendio durante la madrugada del 18 de mayo. Mas de 100 personas quedaron sin hogar, mayoritariamente de nacionalidad haitiana, entre ellas niños, niñas y mujeres embarazadas.

La medida de la Municipalidad afecta doblemente a los arrendatarios, quienes tras el siniestro, que generó hasta la muerte de un inmigrante, además de las lesiones que ocasionó a varios de ellos y las múltiples pérdidas materiales, perdieron el precario lugar habitaban, quedando en desamparo, ya que no cuentan con una alternativa real para su traslado.

Para la Coordinadora Nacional de Migrantes “La decisión de la Municipalidad de Santiago no cumple con el acuerdo suscrito por el actual
Alcalde, Felipe Alessandri, quién durante su campaña firmó un compromiso electoral en el que asumía la obligación de no tener los desalojos como salidas frente a situaciones de emergencia, como pudiera ser esta, sino que por el contrario, procuraría un acuerdo entre las partes involucradas, arrendatarios y arrendadores, así como la municipalidad como parte involucrada en defensa de los intereses de los vecinos, además que entregaría la máxima ayuda humanitaria y buscaría dar garantías para que los afectados encuentren una alternativa
de vivienda digna. Palabra empeñada que demandamos se cumpla”.

La Plataforma de Organizaciones Haitianas tiene una visión similar repudiando “el abuso al que han sido sometidos estos migrantes, y en ellos representamos a todos los que son víctimas de los subarriendos abusivos, que siguen sin ser penados por la Ley y de que la ordenanza 113 de la Municipalidad de Santiago, tampoco se hace cargo, aunque es una situación constante y que no se puede invisibilizar.  Es evidente la falta de compromiso del Gobierno y de la administración Municipal con esta situación de riesgo constante al que estamos sometidos los migrantes.  Por eso, instamos a las autoridades nacionales y municipales que asuman la realidad migratoria en forma integral y se den soluciones habitacionales a los migrantes en el respeto de la dignidad humana”.

Nury Moraga, residente chilena de la casona siniestrada, contó que horas después del incendio, llegó hasta el lugar Cristian Pastene Alegría, abogado del propietario del inmueble, alegando que el lugar se había convertido en una toma, acusación que desmintió ante los medios de comunicación.

“La casa nunca fue una toma de parte de las personas que arrendábamos acá. Nosotros pagamos nuestros respectivos arriendos. Desde ese momento, nosotros tuvimos acoso a diario de parte del abogado, actuando de mala manera, prepotente, intimidando a la gente”, aseguró Moraga.

La vecina afectada criticó además a la Municipalidad de Santiago por comprometer ayudas que “nunca llegaron”, entre las cuales describió un subsidio de arriendo. “Desde primer momento la idea de ellos fue desalojarnos. Se le dio un plazo de 90 días al dueño para reparar la casa, sin perder la estructura. Si ellos hablaron de reparar la casa sin perder la estructura claramente no hay un peligro de derrumbe”, sostuvo.

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