El 23 de agosto es la conmemoraci\u00f3n del D\u00eda Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolici\u00f3n. El d\u00eda conmemora la sublevaci\u00f3n de esclavos que tuvo lugar en Santo Domingo, hoy en d\u00eda conocido como Hait\u00ed, en el a\u00f1o 1791, donde no solo lograron la independencia de esa parte de la isla, sino que adem\u00e1s fueron la g\u00e9nesis para la abolici\u00f3n del comercio transatl\u00e1ntico de esclavos, gesta revolucionaria que, paradojalmente, la historia universal muchas veces oculta.<\/p>\n\n\n\n
En el siglo XVIII la parte occidental de Santo Domingo, bajo control franc\u00e9s desde 1697, hab\u00eda experimentado un extraordinario crecimiento econ\u00f3mico. Se desarroll\u00f3 all\u00ed una floreciente econom\u00eda de plantaciones de caf\u00e9 y ca\u00f1a de az\u00facar basada en la mano de obra esclava. La captura, secuestro y traslado masivo de negros africanos hizo que en menos de un siglo se pasara de 5.000 esclavos a 450.000. Las condiciones de vida de estas personas eran dur\u00edsimas; como promedio, mor\u00edan al cabo de diez a\u00f1os de llegar, agotados por el penoso trabajo en la plantaci\u00f3n y los brutales castigos. El 23 de agosto de 1791, los trabajadores de las plantaciones de Hait\u00ed se sublevaron masivamente contra sus amos, en un proceso que culmin\u00f3 en 1804 con la \u00fanica revoluci\u00f3n antiesclavista e independentista del mundo dirigida y protagonizada por los mismos esclavos.<\/p>\n\n\n\n
La mayor paradoja de esta conmemoraci\u00f3n, sin embargo, no es su olvido, sino su actualidad. Una realidad que suena tan pret\u00e9rita, tan distante y extra\u00f1a, propia de \u00e9pocas barb\u00e1ricas completamente ajenas a nuestros tiempos modernos, es una realidad que cruza el mercado global y ti\u00f1e las cadenas de suministro del mundo. La trata de esclavos entendida como el comercio de seres humanos para explotaci\u00f3n laboral o sexual, existe. Es la realidad material que sufren millones de hombres, mujeres y ni\u00f1os migrantes, desplazados internos, refugiados, ind\u00edgenas y grupos social y econ\u00f3micamente vulnerables, que se ven sometidos a la trata de personas y al trabajo forzado. Las \u00faltimas estimaciones de la OIT (2017)<\/a> cifran en 25 millones las personas sometidas a explotaci\u00f3n laboral o sexual en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n Similar a lo que acontec\u00eda cuando la actividad era legal, las formas de esclavitud contempor\u00e1nea est\u00e1n ocurriendo en la econom\u00eda l\u00edcita<\/a>. Lo que ha identificado la OIT ha sido confirmado por nuestra organizaci\u00f3n en Chile y por nuestros colegas en Am\u00e9rica Latina, Asia, Europa y \u00c1frica: la trata y el trabajo forzado ocurren en la agricultura y horticultura, en la construcci\u00f3n, en la industria textil y de manufactura, en la hoteler\u00eda y servicios, en la miner\u00eda e industria forestal, en la pesca industrial, en el procesamiento y envasado de alimentos, en el transporte, en el servicio dom\u00e9stico y otros trabajos de cuidado y limpieza, y en la industria sexual y prostituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La vigencia de la idea de trata de esclavos no puede entenderse por completo sino en el contexto de una econom\u00eda globalizada compuesta por cadenas globales de valor que han tercerizado en pa\u00edses pobres la mano de obra productora de bienes y servicios en beneficio de pa\u00edses compradores ricos; o bien, que se han beneficiado, directa o indirectamente, de las migraciones forzadas impulsadas por la globalizaci\u00f3n de la pobreza, el cambio clim\u00e1tico y los conflictos pol\u00edticos y econ\u00f3micos regionales, como el \u00e9xodo venezolano en nuestra regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Tanto los agentes del Estado como los ciudadanos y empresas contribuyen de manera directa o indirecta en la existencia de personas sometidas a explotaci\u00f3n a lo largo de la cadena de suministro. Las v\u00edctimas enfrentan limitaciones a su acceso a la justicia y se les vulnera la garant\u00eda de igualdad ante la ley e imparcialidad, la prohibici\u00f3n de discriminaci\u00f3n y el pleno goce y disfrute de sus derechos humanos, incluyendo el derecho a reparaci\u00f3n \u00edntegra.<\/p>\n\n\n\n Lo que hemos detectado en nuestro trabajo en terreno es que intermediadores laborales, contratistas y empresas inescrupulosas o con sistemas de prevenci\u00f3n ineficaces o inexistentes, captan y albergan trabajadores migrantes irregulares sujetos a retenci\u00f3n de salarios, no pago de horas extras y condiciones de vida y de trabajo degradantes. Trabajadores extranjeros, que desconocen el idioma espa\u00f1ol, suscriben contratos de trabajo y contraen deudas exorbitantes para venir al pa\u00eds para luego ser manipulados a trabajar sin descanso para pagar la deuda. La naturalizaci\u00f3n de la precariedad y el abuso laboral, unido a la discriminaci\u00f3n y racismo estructural<\/a> contra las personas migrantes impide que funcionarios p\u00fablicos detecten oportunamente a las v\u00edctimas, e incluso en aquellos casos en que son detectadas, son sometidas a continuas experiencias de revictimizaci\u00f3n durante el proceso penal y en la adopci\u00f3n de medidas de protecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Ciudadanas y ciudadanos adquirimos y consumimos todos los d\u00edas productos potencialmente elaborados con trabajo forzado. El caf\u00e9<\/a>, el algod\u00f3n<\/a>, el chocolate<\/a>, minerales estrat\u00e9gicos para la tecnolog\u00eda<\/a>, frutas<\/a> y verduras<\/a>, son algunos de los productos identificados por organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil como provenientes de pr\u00e1cticas de trabajo forzado, ocurriendo usualmente en los niveles m\u00e1s bajos de la cadena de valor.<\/p>\n\n\n\n La crisis migratoria en la regi\u00f3n y las pol\u00edticas migratorias restrictivas implementadas en los \u00faltimos a\u00f1os han generado un mercado del commodity humano disponible a ser explotado en nuestro pa\u00eds. La irregularidad migratoria es uno de los mecanismos m\u00e1s habituales de coacci\u00f3n contra los trabajadores migrantes, quienes no denuncian las vulneraciones por temor a ser deportados y en el caso de que reciban alg\u00fan salario, la imperiosa necesidad de enviar remesas a sus pa\u00edses de origen.<\/p>\n\n\n\n No debemos olvidar que Chile es un pa\u00eds cuya econom\u00eda depende preponderantemente de la exportaci\u00f3n de materias primas, y ello implica que nuestra exposici\u00f3n al riesgo de trata y trabajo forzado en las operaciones y cadenas de valor es alta. Esto ya hab\u00eda sido constatado por la Unidad de An\u00e1lisis Financiero, quien en su Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos de Lavado y Financiamiento del Terrorismo 2017<\/a>, calific\u00f3 los delitos de trata de personas y tr\u00e1fico de migrantes como amenazas de nivel de riesgo alto de lavado de activos en nuestro pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Lo anterior no hace sino relevar la necesidad urgente de abordar la esclavitud contempor\u00e1nea de manera eficaz y eficiente en el pa\u00eds. Hay al menos cuatro avenidas abiertas para ello.<\/p>\n\n\n\n Los compromisos del Estado<\/strong><\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s de adoptar los instrumentos internacionales claves en la materia, incorpor\u00e1ndolos al ordenamiento jur\u00eddico nacional – la Convenci\u00f3n de la Esclavitud de 1926, el Convenio n\u00fam. 29 y 105 de la OIT sobre trabajo Forzado y su abolici\u00f3n, el Convenio para la Represi\u00f3n de la Prostituci\u00f3n Ajena de 1949, la Convenci\u00f3n Suplementaria de 1956 sobre esclavitud y pr\u00e1cticas an\u00e1logas a la esclavitud, la Convenci\u00f3n de Derechos del Ni\u00f1o de 1989, la Convenci\u00f3n contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo facultativo contra la Trata de Personas de 2000, y la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que abordan el fen\u00f3meno en sus ODS 5, 8 y 16-, Chila ha asumido compromisos internacionales que lo sit\u00faan en posiciones de vanguardia a nivel regional e internacional.<\/p>\n\n\n\n Chile fue el primer pa\u00eds pionero de la Alianza 8.7 en la regi\u00f3n<\/a>, adhiri\u00e9ndose el a\u00f1o 2019 a esta iniciativa mundial liderada por la OIT para poner fin al trabajo forzoso, las formas modernas de esclavitud, la trata de personas y el trabajo infantil. En 2021, el pa\u00eds ratific\u00f3 el Protocolo de 2014 relativo al Convenio n\u00fam. 29<\/a> y la Recomendaci\u00f3n n\u00fam. 203 de la OIT, que fortalecen las obligaciones internacionales de dicho Convenio. El Protocolo es un tratado internacional, sujeto a ratificaci\u00f3n, que crea obligaciones legales de aplicaci\u00f3n al Estado que ratifica. El Protocolo dispone el deber de formular, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, una pol\u00edtica y un plan de acci\u00f3n nacionales que prevea la adopci\u00f3n de medidas sistem\u00e1ticas por parte de las autoridades competentes y, si procede, en coordinaci\u00f3n con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, as\u00ed como con otros grupos interesados, a fin de lograr la supresi\u00f3n efectiva y sostenida del trabajo forzoso (Art. 1.2). En junio de 2021, se dict\u00f3 el Decreto N\u00ba 31 que crea la Comisi\u00f3n Asesora Ministerial para la Implementaci\u00f3n del Protocolo de 2014<\/a>, con el fin de formular un plan de acci\u00f3n nacional para la eliminaci\u00f3n del trabajo forzoso en el pa\u00eds. Por su parte, el Ministerio del Interior y Seguridad P\u00fablica lidera la Mesa Intersectorial de Trata de personas,<\/a> comisi\u00f3n asesora de car\u00e1cter interministerial que implementa la pol\u00edtica p\u00fablica sobre la materia desde el a\u00f1o 2008, y que, liderada por el Subsecretario del Interior, recientemente sesion\u00f3<\/a> por primera vez este a\u00f1o para iniciar formalmente el trabajo conjunto para el 2022.<\/p>\n\n\n\n Los caminos que abre la institucionalidad vigente son promisorios. Los instrumentos y espacios de coordinaci\u00f3n y retroalimentaci\u00f3n potencialmente eficaz existen. Las expertise t\u00e9cnica, tambi\u00e9n. Sin embargo, avances concretos en prevenci\u00f3n y persecuci\u00f3n se concretar\u00e1n si, y solo si, nos liberamos de la concepci\u00f3n r\u00edgida de la trata y el trabajo forzado como manifestaciones de criminalidad organizada \u00fanicamente y nos abrimos a la comprensi\u00f3n de que, en \u00faltima instancia, estas formas de explotaci\u00f3n humana son un asunto de justicia social. Como tal, exigen de los funcionarios p\u00fablicos un fino juicio moral que les permita detectar las asimetr\u00edas de poder y el abuso de relaciones de superioridad e inferioridad que habilitan la explotaci\u00f3n y la encubren. Este aspecto no puede ser soslayado. A menos que se produzca una revoluci\u00f3n moral al interior de los servicios del Estado que les permitan superar sus prejuicios y estereotipos basados en el racismo, la xenofobia, la misoginia y la aporofobia, es dif\u00edcil que declaraciones en el papel logren resultados por s\u00ed solas.<\/p>\n\n\n\n El compromiso de los privados<\/strong><\/p>\n\n\n\n Desde el rol que le cabe a los privados, Chile se sum\u00f3 al esfuerzo mundial por la agenda de empresas y derechos humanos, manifestada en la nueva directriz jur\u00eddica de los Principios Rectores en Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas<\/a>, que recoge las obligaciones de los Estados y las empresas en la protecci\u00f3n y respeto de los derechos humanos. En 2017, el Estado adopta el primer Plan de Acci\u00f3n Nacional<\/a> en la materia y desarrolla un segundo plan durante el periodo 2018-2021<\/a>. El desarrollo de estos planes de acci\u00f3n ha implicado la participaci\u00f3n de los gremios empresariales m\u00e1s relevantes del pa\u00eds, quienes han suscrito p\u00fablicamente su compromiso con la agenda de derechos humanos y debida diligencia. La CPC el a\u00f1o 2019 lanz\u00f3 su Gu\u00eda sobre empresas y derechos Humanos<\/a>, donde asume el compromiso de impulsar la implementaci\u00f3n de los Principios Rectores y la debida diligencia en derechos humanos en las empresas del pa\u00eds, compromiso reforzado por la existencia de la Red Pacto Global Chile<\/a>, iniciativa de sostenibilidad empresarial que re\u00fane a empresas que adhieren al compromiso de implementar sus Diez Principios, los cuales est\u00e1n centrados en cuatro \u00e1mbitos: derechos humanos, relaciones laborales, medio ambiente y anticorrupci\u00f3n. Finalmente, y en el marco de nuestra membres\u00eda en la OCDE, Chile est\u00e1 sujeto a las L\u00edneas Directrices para Empresas Multinacionales<\/a>, mecanismo internacional que define normas de conducta desde el punto de vista social y medioambiental y prescribe procedimientos para la resoluci\u00f3n de conflictos entre empresas y las comunidades o individuos afectados negativamente por actividades empresariales (o mecanismo de mediaci\u00f3n de Punto Nacional de contacto).<\/p>\n\n\n\n La esclavitud maximiza ganancias. La producci\u00f3n bajo condiciones de trabajo forzado es a un costo considerablemente inferior al de las actividades l\u00edcitas, sin los normales costes de personal, financieros o industriales, y sin la debida carga tributaria. Esto desestabiliza las condiciones del mercado y la competencia, promueve la corrupci\u00f3n y perpet\u00faa un enriquecimiento injusto basado en la vulneraci\u00f3n de los derechos humanos de los trabajadores.<\/p>\n\n\n\n Los privados tienen en sus manos una oportunidad \u00fanica de demostrar de manera concreta e inequ\u00edvoca su voluntad y compromiso con los derechos humanos, implementando debida diligencia y medidas de prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de trabajo forzado en sus cadenas de suministro efectivas y suficientes. El desaf\u00edo radica en superar las deficiencias de la auto-regulaci\u00f3n y las pr\u00e1cticas de green-washing, dotando de coherencia y verdad al discurso.<\/p>\n\n\n\n