En Chile, durante las campa\u00f1as electorales, la migraci\u00f3n suele transformarse en un espect\u00e1culo pol\u00edtico. Se repiten discursos de \u201cmano dura\u201d, se prometen deportaciones masivas e incluso se habla de \u201ccazar\u201d personas, como si se tratara de un show televisivo destinado a calmar a un electorado ansioso de castigo. Pero m\u00e1s all\u00e1 de esa ilusi\u00f3n de firmeza, lo cierto es que tales promesas son imposibles de cumplir. La situaci\u00f3n del pa\u00eds exige reconocer que la \u00fanica salida viable y responsable es la regularizaci\u00f3n migratoria.<\/p>\n
La paradoja salta a la vista al analizar la realidad de las familias: de los m\u00e1s de 300 mil migrantes irregulares, numerosos padres ya tienen hijos chilenos por nacimiento o ni\u00f1os con documentaci\u00f3n vigente, pues la Ley de Migraciones establece que toda infancia tiene derecho a regularizar su situaci\u00f3n. \u00bfCu\u00e1l es entonces el plan? \u00bfSeparar padres de hijos y dejar a los ni\u00f1os chilenos en instituciones del Estado? \u00bfO deportar tambi\u00e9n a los ni\u00f1os chilenos con sus padres?<\/p>\n
La experiencia pol\u00edtica reciente demuestra la dificultad de implementar pol\u00edticas de deportaci\u00f3n masiva. Entre 2018 y 2023, en su mayor parte durante el segundo gobierno de Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era, se estimaba que hab\u00eda 336.984 migrantes en situaci\u00f3n irregular (INE). En ese per\u00edodo, Pi\u00f1era logr\u00f3 expulsar apenas a 1.401 personas. Cada proceso demoraba meses y se transformaba en un espect\u00e1culo televisivo, con aviones repletos de c\u00e1maras en lugar de soluciones. La aritm\u00e9tica actual es a\u00fan menos favorable. Si entre 2018 y 2023 hab\u00eda 336.984 migrantes en situaci\u00f3n irregular, l\u00f3gicamente, al final de 2025 la cifra ha aumentado, lo que implicar\u00eda mayores requerimientos de tiempo, log\u00edstica y recursos para ejecutar una expulsi\u00f3n de tal magnitud. Esta pol\u00edtica resulta, por tanto, inviable. Para sostener un sistema de expulsiones dirigido contra padres de ni\u00f1os chilenos, ser\u00eda necesario desviar recursos desde \u00e1reas como la salud o la educaci\u00f3n, lo que implicar\u00eda un aumento en las listas de espera y un mayor alineamiento de la escuela con los intereses del empresariado, afectando directamente al sector m\u00e1s vulnerable de la poblaci\u00f3n chilena.<\/p>\n
A esto se suma un obst\u00e1culo mayor: la diplomacia. Ning\u00fan pa\u00eds acepta deportados sin acuerdos bilaterales, y en m\u00e1s de una ocasi\u00f3n los Estados de origen se han negado abiertamente a recibir a sus propios ciudadanos. El propio gobierno de Gabriel Boric enfrent\u00f3 ese problema en carne propia cuando intent\u00f3 ejecutar deportaciones que fueron rechazadas por razones de afinidad pol\u00edtica. Si ese es el criterio decisivo, la situaci\u00f3n de los actuales candidatos presidenciales es clara: de todos ellos, el \u00fanico con condiciones reales para concretar deportaciones masivas ser\u00eda Eduardo Art\u00e9s.<\/p>\n
Adem\u00e1s de los costos log\u00edsticos y diplom\u00e1ticos de las deportaciones masivas, hay un efecto econ\u00f3mico que suele pasarse por alto. M\u00e1s de 300.000 personas j\u00f3venes en situaci\u00f3n irregular generan un movimiento constante de capital: trabajan en construcci\u00f3n, comercio, servicios (delivery) y otros sectores donde la mano de obra local escasea, consumen en mercados, pagan transporte, alimentos y vestuario, y muchos incluso cotizan parcialmente en AFP o contribuyen con impuestos indirectos. Este flujo de trabajo y consumo sostiene tanto a la econom\u00eda formal como a la informal. El discurso oficial invisibiliza este aporte porque reconocerlo implica aceptar que la econom\u00eda chilena se beneficia estructuralmente de la irregularidad. El sistema mantiene el relato del \u201corden y seguridad\u201d, pero en la pr\u00e1ctica se aprovecha de una poblaci\u00f3n trabajadora que no puede reclamar derechos. Ignorar este aspecto es cerrar los ojos ante una realidad econ\u00f3mica tangible que no se puede eliminar de un plumazo, y, en consecuencia, los propios empresarios que financian a los candidatos m\u00e1s favorables a las deportaciones ser\u00edan quienes m\u00e1s se ver\u00edan afectados. As\u00ed, este gobierno puede tranquilamente mantener a cientos de personas en la irregularidad, a pesar de lo inhumano que es incluso para ni\u00f1os chilenos, pero tiene a los empresarios contentos y gestiona la opini\u00f3n p\u00fablica, que err\u00f3neamente cree que la no regularizaci\u00f3n beneficia a la masa.<\/p>\n
La clave, entonces, no es mantener el caos de irregularidad o expulsar, sino regularizar. El argumento de que \u201clos migrantes quitan empleos\u201d omite que es precisamente la irregularidad la que favorece a los empleadores, permiti\u00e9ndoles pagar menos y explotar con mayor facilidad. Un trabajador sin papeles es m\u00e1s vulnerable y menos capaz de reclamar, lo que genera competencia laboral desleal. Regularizar, en consecuencia, no solo corrige esa distorsi\u00f3n, sino que establece un marco com\u00fan de derechos y obligaciones para todos los trabajadores.<\/p>\n
Pensemos en una pareja que lleg\u00f3 por un paso no habilitado y tuvo dos hijos nacidos en Chile: la ley actualmente les cierra toda posibilidad de regularizaci\u00f3n, por lo que la madre se ve obligada a vender de forma informal en Estaci\u00f3n Central al no tener otra salida, mientras el padre trabaja sin contrato en un car wash para no dejar morir de hambre a sus hijos chilenos. Esta familia paga impuestos en cada compra y cotiza en AFP mediante mecanismos legales que incluyen a quienes el sistema etiqueta como \u201cilegales\u201d. Entonces, \u00bfqu\u00e9 hacemos? \u00bfLos deportamos, dejando a dos ni\u00f1os chilenos sin padres, o los regularizamos, poniendo fin al comercio \u00abilegal\u00bb y a la competencia laboral desleal? La respuesta no est\u00e1 en la persecuci\u00f3n de los comerciantes ambulantes ni en slogans populistas, sino en la moral, la coherencia y el respeto a los derechos humanos. Resulta parad\u00f3jico que un pa\u00eds que se enorgullece de proteger a la infancia proponga separar familias en su propio territorio y que sus autoridades exhiban una indiferencia calculada hacia los ni\u00f1os de su misma nacionalidad solo porque son hijos de migrantes.<\/p>\n
La seguridad tambi\u00e9n est\u00e1 en juego. Mantener a miles de personas en la irregularidad es, en s\u00ed mismo, un acto criminal de Estado por lo inhumano que es estar sin un instrumento que facilite el pan cotidiano y tambi\u00e9n la seguridad. La regularizaci\u00f3n permite tener registros, huellas y antecedentes, y en caso de delito, el sistema puede detectar y sancionar. Lo contrario es dejar en la sombra a miles de personas, invisibles para la justicia y fuera de todo control. \u00bfPor qu\u00e9 se prefiere mantener a personas en esa situaci\u00f3n en vez de integrarlas legalmente?<\/p>\n
En el fondo, la pregunta es simple: \u00bfseguiremos montando un espect\u00e1culo in\u00fatil o vamos a ordenar la casa de verdad? Mantener a ni\u00f1os chilenos cuyos padres no pueden trabajar con normalidad vulnera su derecho a una infancia digna y segura, y evidencia que, en la pr\u00e1ctica, no todos los ni\u00f1os chilenos reciben la misma protecci\u00f3n. Adem\u00e1s, mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad genera un grupo de poblaci\u00f3n invisible para la justicia y excluido de derechos y obligaciones plenas, mientras podr\u00edan contribuir al pa\u00eds de manera transparente y ordenada. La regularizaci\u00f3n no es un premio a la \u201cilegalidad\u201d: constituye la \u00fanica pol\u00edtica capaz de garantizar simult\u00e1neamente orden p\u00fablico, seguridad y justicia social.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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