{"id":161523,"date":"2026-05-18T20:33:07","date_gmt":"2026-05-18T20:33:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.revistasur.cl\/revistasur.cl\/?p=161523"},"modified":"2026-05-18T20:33:07","modified_gmt":"2026-05-18T20:33:07","slug":"para-el-trabajo-social-la-condena-a-un-inocente-a-menudo-a-causa-de-una-pericia-no-termina-con-la-absolucion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revistasur.cl\/revistasur.cl\/2026\/05\/para-el-trabajo-social-la-condena-a-un-inocente-a-menudo-a-causa-de-una-pericia-no-termina-con-la-absolucion\/","title":{"rendered":"Para el trabajo social, la condena a un inocente \u2014 a menudo a causa de una pericia \u2014 no termina con la absoluci\u00f3n"},"content":{"rendered":"

En el trabajo social, en los tribunales penales de todo el mundo, una mutaci\u00f3n silenciosa ha reconfigurado el estatuto de la verdad. Junto al ADN, las huellas digitales y las grabaciones de videovigilancia, se ha instalado una forma de prueba de naturaleza radicalmente distinta: <\/span>la interpretaci\u00f3n psicol\u00f3gica de la mente, la memoria y la conducta de las y los acusados. <\/b>Peritos formados en tradiciones cl\u00ednicas \u2014a menudo con ra\u00edces en el psicoan\u00e1lisis\u2014 ofrecen a jueces y jurados lo que aparenta ser una ventana al alma del imputado. Pero cuando esas interpretaciones reemplazan a la prueba verificable, la justicia deja de demostrar para empezar a narrar. Y en ese tr\u00e1nsito, el trabajo social cr\u00edtico se encuentra ante una pregunta inc\u00f3moda: <\/span>\u00bfc\u00f3mo acompa\u00f1ar, intervenir o resistir cuando el saber experto se convierte en un dispositivo de encierro?<\/i><\/b><\/p>\n

La pregunta no es acad\u00e9mica. En las \u00faltimas d\u00e9cadas, una serie de condenas err\u00f3neas ha expuesto un mecanismo recurrente: cuando las pruebas materiales son escasas, el sistema penal recurre a narrativas psicol\u00f3gicas que, investidas de autoridad cient\u00edfica, construyen culpabilidades fr\u00e1giles. Sally Clark en el Reino Unido, Kathleen Folbigg en Australia, Amanda Knox en Italia: tres nombres que no deber\u00edan leerse como excepciones, sino como s\u00edntomas de una estructura. En los tres casos, la ausencia de evidencia material concluyente fue suplida por interpretaciones periciales que convirtieron la subjetividad \u2014diarios personales, comportamientos considerados \u201cextra\u00f1os\u201d, estad\u00edsticas mal aplicadas\u2014 en prueba de cargo. Y en los tres, a\u00f1os despu\u00e9s, la justicia tuvo que reconocer que se hab\u00eda equivocado.<\/span><\/p>\n

Desde una perspectiva de trabajo social cr\u00edtico, estos casos no son meros errores judiciales aislados. Son el producto de una configuraci\u00f3n estructural donde el saber experto opera con una autoridad desproporcionada, y donde la desigualdad de recursos convierte a la pericia en un arma que la defensa rara vez puede impugnar en pie de igualdad. El trabajador social, cuando interviene en el \u00e1mbito forense, suele encontrarse atrapado entre dos l\u00f3gicas: por un lado, la exigencia institucional de producir informes que orienten al juzgado; por otro, la conciencia cr\u00edtica de que esos informes, en contextos de asimetr\u00eda de poder, pueden contribuir a decisiones basadas en fundamentos epistemol\u00f3gicamente fr\u00e1giles.<\/span><\/p>\n

La memoria como materia maleable<\/b><\/p>\n

Uno de los puntos ciegos de esta pr\u00e1ctica es la naturaleza de la memoria. La psicolog\u00eda cognitiva lleva d\u00e9cadas demostrando que recordar no es reproducir fielmente el pasado, sino reconstruirlo. Cada evocaci\u00f3n modifica el trazo original; lo que llamamos memoria es, en buena medida, el recuerdo del \u00faltimo recuerdo. Esta propiedad \u2014documentada por investigadoras como Elizabeth Loftus\u2014 convierte a la memoria en un material pl\u00e1stico, especialmente vulnerable en contextos de asimetr\u00eda de poder, como el interrogatorio policial, la sala de audiencias o el consultorio terap\u00e9utico.<\/span><\/p>\n

El problema no es que la memoria sea falible; es que el derecho penal, para funcionar, necesita tratarla como si fuera fiable. Cuando la acusaci\u00f3n se apoya en un recuerdo \u201crecuperado\u201d tras a\u00f1os de terapia, o en la interpretaci\u00f3n de una conducta considerada \u201csospechosa\u201d, el sistema est\u00e1 construyendo sobre arena movediza. La hip\u00f3tesis freudiana de los recuerdos reprimidos \u2014que sostiene que experiencias traum\u00e1ticas pueden permanecer inaccesibles y luego ser rescatadas mediante intervenci\u00f3n cl\u00ednica\u2014 carece de validaci\u00f3n experimental robusta en contextos forenses. Sin embargo, sigue siendo una fuente leg\u00edtima de prueba en muchas jurisdicciones, amparada por la autoridad cultural del psicoan\u00e1lisis.<\/span><\/p>\n

El caso de Sally Clark es una advertencia sobre el fetichismo de los n\u00fameros cuando se despojan de contexto. Un perito estad\u00edstico present\u00f3 la probabilidad de que dos ni\u00f1os murieran de forma natural como extraordinariamente baja, y esa cifra se convirti\u00f3 en el eje de la acusaci\u00f3n. No hab\u00eda pruebas de violencia, s\u00f3lo una f\u00f3rmula mal aplicada y una autoridad cient\u00edfica que nadie cuestion\u00f3. Clark pas\u00f3 tres a\u00f1os en prisi\u00f3n antes de que se demostrara que los ni\u00f1os hab\u00edan muerto por causas naturales.<\/span><\/p>\n

Kathleen Folbigg pas\u00f3 dos d\u00e9cadas encarcelada acusada de matar a sus cuatro hijos. Parte central de la prueba fueron sus diarios personales, le\u00eddos por peritos como la confesi\u00f3n de una madre filicida. La interpretaci\u00f3n psicol\u00f3gica construy\u00f3 una narrativa de culpabilidad que subsisti\u00f3 incluso cuando no hab\u00eda pruebas f\u00edsicas concluyentes. D\u00e9cadas despu\u00e9s, la gen\u00e9tica revel\u00f3 que al menos dos de los ni\u00f1os hab\u00edan fallecido por una enfermedad hereditaria rara. Folbigg fue indultada, pero la lectura patologizante de su subjetividad hab\u00eda funcionado como una verdad judicial incuestionable.<\/span><\/p>\n

El caso de Amanda Knox mostr\u00f3 otra variante. Su comportamiento despu\u00e9s del asesinato de su compa\u00f1era de piso \u2014calificado como \u201cextra\u00f1o\u201d o \u201cinapropiado\u201d\u2014 fue utilizado por los fiscales como indicio de culpabilidad. No hab\u00eda ADN, ni confesi\u00f3n, ni prueba material que la vincula al crimen, pero el perfil psicol\u00f3gico construido a partir de sus gestos emocionales precedi\u00f3 a cualquier otra consideraci\u00f3n. Knox fue absuelta definitivamente, pero el sesgo interpretativo ya hab\u00eda marcado el proceso.<\/span><\/p>\n

Lo que estos tres casos comparten es una estructura: en ausencia de pruebas materiales concluyentes, la interpretaci\u00f3n psicol\u00f3gica se convierte en el eje de la acusaci\u00f3n. El sistema judicial, sediento de certezas, otorga a estos saberes cl\u00ednicos una autoridad que no siempre se corresponde con su validez emp\u00edrica. Y as\u00ed, sin propon\u00e9rselo, transita de la demostraci\u00f3n a la narraci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Las puniciones simb\u00f3licas y sociales<\/b><\/p>\n

Uno de los aspectos m\u00e1s crueles del error judicial es que, incluso cuando el sistema finalmente reconoce su equivocaci\u00f3n, la persona absuelta no recupera simplemente su vida. La condena no termina con la sentencia revocada. Quedan las etiquetas, las sanciones morales, el rechazo p\u00fablico, la sospecha que se instala en vecinos, empleadores y hasta en familiares. La m\u00e1quina de la sospecha no se detiene con un papel firmado por un tribunal.<\/span><\/p>\n

Sally Clark, tras ser exonerada, no pudo reconstruir su vida. La etiqueta de \u201cmadre asesina\u201d la persigui\u00f3 hasta su muerte prematura. Nunca volvi\u00f3 a ejercer su profesi\u00f3n como abogada; el estigma la hizo inhabitable para el mundo laboral. Su caso es una ilustraci\u00f3n brutal de c\u00f3mo la absoluci\u00f3n no borra el da\u00f1o simb\u00f3lico.<\/span><\/p>\n

Kathleen Folbigg, despu\u00e9s de veinte a\u00f1os de prisi\u00f3n y un indulto pleno, sigue cargando con la mirada p\u00fablica que durante d\u00e9cadas la construy\u00f3 como una \u201cmonstruo\u201d. Cuando sali\u00f3 en libertad, la pregunta recurrente en los medios no era \u201c\u00bfc\u00f3mo reparar el da\u00f1o?\u201d, sino \u201c\u00bfpor qu\u00e9 sali\u00f3 si fue condenada?\u201d. La verdad judicial tard\u00f3 en imponerse; la verdad social, mucho m\u00e1s.<\/span><\/p>\n

Amanda Knox, absuelta definitivamente por la Corte Suprema italiana, ha narrado en sus memorias c\u00f3mo la etiqueta de \u201casesina psic\u00f3pata\u201d le cerr\u00f3 puertas durante a\u00f1os. No solo por el tiempo en prisi\u00f3n, sino porque la interpretaci\u00f3n psicol\u00f3gica de su comportamiento \u2014\u201cdemasiado fr\u00eda\u201d, \u201cdemasiado rara\u201d\u2014 qued\u00f3 grabada como un perfil p\u00fablico que ning\u00fan fallo absolutorio pudo borrar del todo.<\/span><\/p>\n

Estas no son an\u00e9cdotas. Son la manifestaci\u00f3n de un fen\u00f3meno estructural: las personas condenadas err\u00f3neamente sobre la base de pericias psicol\u00f3gicas o psicoanal\u00edticas sufren una doble pena. La primera es la privaci\u00f3n de libertad, que el sistema puede reparar \u2014aunque nunca compensar del todo\u2014 mediante la absoluci\u00f3n y, en algunos pa\u00edses, una indemnizaci\u00f3n. La segunda, m\u00e1s insidiosa, es la pena social: la etiqueta diagn\u00f3stica o moral que la pericia introdujo en el imaginario colectivo y que persiste m\u00e1s all\u00e1 de cualquier resoluci\u00f3n judicial.<\/span><\/p>\n

Esta segunda pena tiene consecuencias concretas. Imposibilidad de trabajar como docente, de acceder a empleos que requieran contacto con ni\u00f1os o personas vulnerables, rechazo en el barrio, ruptura de v\u00ednculos familiares, suspicacia permanente de los servicios sociales. En muchos casos, las personas absueltas se enfrentan a un nuevo ciclo de intervenciones: servicios de protecci\u00f3n de menores que las vigilan, informes psicol\u00f3gicos que deben \u201cacreditar\u201d su inocencia, procesos administrativos que les exigen probar algo que la justicia ya declar\u00f3. La pericia que una vez sirvi\u00f3 para condenar sigue operando como un antecedente que nunca prescribe.<\/span><\/p>\n

Esta dimensi\u00f3n exige una mirada atenta. Porque el trabajador social no solo interviene antes o durante el proceso penal; tambi\u00e9n se encuentra con estas personas despu\u00e9s, cuando intentan reconstruir sus vidas y se topan con barreras simb\u00f3licas y materiales que el sistema de justicia no repar\u00f3. La pregunta entonces se ampl\u00eda: \u00bfC\u00f3mo acompa\u00f1ar procesos de reparaci\u00f3n integral que no se agoten en la indemnizaci\u00f3n econ\u00f3mica? \u00bfC\u00f3mo cuestionar los usos del saber experto que, incluso cuando son desmentidos judicialmente, siguen produciendo efectos de exclusi\u00f3n? \u00bfC\u00f3mo sostener una pr\u00e1ctica que no reproduzca, bajo la forma de \u201cevaluaci\u00f3n\u201d, las mismas etiquetas que deber\u00eda desmontar?<\/span><\/p>\n

El trabajo social cr\u00edtico ante la pericia<\/b><\/p>\n

Aqu\u00ed es donde el trabajo social se ve interpelado. Tradicionalmente, la intervenci\u00f3n del trabajador social en el \u00e1mbito judicial ha estado asociada a la producci\u00f3n de informes sociales, estudios de familia, evaluaciones de contexto o pericias que buscan aportar elementos para la decisi\u00f3n del juzgado. Pero cuando el sistema penal incorpora saberes cl\u00ednicos \u2014psicol\u00f3gicos o psicoanal\u00edticos\u2014 con pretensiones probatorias, el trabajador social se encuentra ante un dilema:<\/span> \u00bfacompa\u00f1a la l\u00f3gica institucional que legitima esas interpretaciones, o se posiciona cr\u00edticamente frente a los usos punitivos del saber experto?<\/i><\/b><\/p>\n

En Am\u00e9rica Latina, este dilema adquiere una dimensi\u00f3n estructural. En sistemas judiciales con recursos desiguales, donde las defensas carecen de medios para impugnar peritajes complejos, el saber experto se vuelve pr\u00e1cticamente incuestionable. El perito deja de ser un auxiliar para convertirse en un testigo privilegiado cuya palabra pesa como verdad. Y en contextos donde la desigualdad de poder ya distorsiona el acceso a la justicia, esta asimetr\u00eda epistemol\u00f3gica profundiza la vulnerabilidad de quienes menos pueden defenderse.<\/span><\/p>\n

Limitarse a producir informes que refuercen esa asimetr\u00eda, puede asumir una funci\u00f3n de traducci\u00f3n, cuestionamiento y contralor. Esto implica no s\u00f3lo advertir sobre los l\u00edmites de los saberes cl\u00ednicos cuando son trasladados al campo penal, sino tambi\u00e9n acompa\u00f1ar a las defensas en la impugnaci\u00f3n de pericias que carecen de respaldo emp\u00edrico suficiente. Implica, adem\u00e1s, visibilizar c\u00f3mo las categor\u00edas psicol\u00f3gicas \u2014\u201cpersonalidad\u201d, \u201cv\u00ednculo\u201d, \u201ccapacidad parental\u201d\u2014 pueden operar como dispositivos de clasificaci\u00f3n punitiva que recaen desproporcionadamente sobre sectores ya vulnerables.<\/span><\/p>\n

El problema de fondo es epistemol\u00f3gico. Cuando la interpretaci\u00f3n sustituye a la prueba, el derecho penal deja de operar en el terreno de la verificaci\u00f3n y se adentra en el de la construcci\u00f3n narrativa. Ambas l\u00f3gicas son leg\u00edtimas en sus respectivos campos \u2014la cl\u00ednica necesita construir sentido, el derecho necesita establecer hechos\u2014 pero no son intercambiables. La tragedia ocurre cuando un sistema adopta las herramientas del otro sin traducir sus condiciones de validez.<\/span><\/p>\n

El riesgo se agrava en delitos que ocurren en la esfera privada \u2014violencia de g\u00e9nero, abuso sexual, homicidios intrafamiliares\u2014 donde la prueba material es escasa por definici\u00f3n y el testimonio adquiere centralidad. En esos escenarios, la interacci\u00f3n entre memoria, terapia y justicia puede crear un circuito cerrado: el relato adquiere coherencia gracias a la intervenci\u00f3n pericial, y esa coherencia se confunde err\u00f3neamente con veracidad. Pero la coherencia narrativa, como han mostrado los estudios sobre detecci\u00f3n del enga\u00f1o, no es un indicador fiable de verdad f\u00e1ctica. Una historia bien contada puede ser falsa; una historia incoherente puede ser cierta.<\/span><\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 de la denuncia<\/b><\/p>\n

Nada de esto implica negar la realidad de la violencia ni deslegitimar el sufrimiento de las v\u00edctimas. Al contrario: se trata de exigir que los est\u00e1ndares probatorios est\u00e9n a la altura de la gravedad de las consecuencias. La privaci\u00f3n de libertad \u2014el derecho m\u00e1s fundamental\u2014 no puede fundarse en interpretaciones que no pueden ser contrastadas ni sometidas a escrutinio cr\u00edtico.<\/span><\/p>\n

La cuesti\u00f3n de fondo es si el derecho penal est\u00e1 dispuesto a aceptar sus propias limitaciones. La verdad judicial no es la verdad ontol\u00f3gica ni la verdad terap\u00e9utica; es una verdad de procedimiento, construida a partir de reglas de admisibilidad, contradicci\u00f3n y est\u00e1ndares de prueba. Cuando se introducen saberes que no cumplen con esos criterios \u2014porque no son falsables, porque dependen de marcos te\u00f3ricos no validados emp\u00edricamente o porque su poder de persuasi\u00f3n excede su fiabilidad\u2014 el sistema quiebra sus propias garant\u00edas.<\/span><\/p>\n

As\u00ed, \u00bfqu\u00e9 rol tiene el trabajo social cuando la pericia y la pr\u00e1ctica psicoanal\u00edtica condenan a un inocente?<\/b> no admite una respuesta un\u00edvoca. No se trata de sostener que el trabajo social deba oponerse a todo uso de saberes cl\u00ednicos en el \u00e1mbito penal, ni de afirmar que el psicoan\u00e1lisis carece de todo valor. Se trata de reconocer que el trabajador social ocupa una posici\u00f3n estrat\u00e9gica: puede ser el profesional que, desde su conocimiento del territorio, las redes institucionales y las din\u00e1micas de poder, advierta cuando una pericia est\u00e1 funcionando como un relato de culpabilidad m\u00e1s que como una prueba contrastable.<\/span><\/p>\n

Esa posici\u00f3n implica una triple responsabilidad. <\/span>En primer lugar,<\/b> una responsabilidad epistemol\u00f3gica:<\/b> comprender los l\u00edmites de los saberes que circulan en el campo judicial y saber distinguir entre aquellos que cuentan con respaldo emp\u00edrico suficiente y aquellos que operan sobre bases interpretativas fr\u00e1giles. <\/span>En segundo lugar, una responsabilidad \u00e9tica:<\/b> no contribuir a la producci\u00f3n de informes que, bajo la apariencia de neutralidad t\u00e9cnica, refuercen asimetr\u00edas de poder o legitimen decisiones basadas en fundamentos endebles. <\/span>En tercer lugar, una responsabilidad pol\u00edtica:<\/b> visibilizar c\u00f3mo estas pr\u00e1cticas se insertan en un sistema penal que ya de por s\u00ed castiga desigualmente, y promover est\u00e1ndares probatorios m\u00e1s rigurosos, especialmente en contextos donde la desigualdad estructural amplifica los riesgos.<\/span><\/p>\n

Conclusi\u00f3n<\/b><\/p>\n

La justicia penal no puede descansar sobre aquello que no puede ser verificado. No porque toda verdad deba ser matem\u00e1tica, sino porque el precio de equivocarse cuando est\u00e1 en juego la libertad es demasiado alto. Cuando la interpretaci\u00f3n sustituye a la prueba, el sistema deja de demostrar para empezar a narrar. Y en ese tr\u00e1nsito, lo que se pierde no es solo la certeza, sino la legitimidad misma del castigo.<\/span><\/p>\n

El trabajo social, cr\u00edtico y situado, tiene la oportunidad \u2014y la responsabilidad\u2014 de no ser un mero engranaje de esa maquinaria narrativa. Puede ser, en cambio, un espacio de resistencia epistemol\u00f3gica: aquel que recuerda al sistema judicial que la coherencia de un relato no es garant\u00eda de su verdad, que la autoridad de un experto no suple la ausencia de pruebas, y que cuando se interpreta en lugar de demostrar, la justicia se convierte en ficci\u00f3n. Y en esa ficci\u00f3n, los inocentes pagan el precio m\u00e1s alto \u2014incluso cuando la justicia, tarde y mal, reconoce su error.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La justicia penal no puede descansar sobre aquello que no puede ser verificado. No porque toda verdad deba ser matem\u00e1tica, sino porque el precio de equivocarse cuando est\u00e1 en juego la libertad es demasiado alto. Cuando la interpretaci\u00f3n sustituye a la prueba, el sistema deja de demostrar para empezar a narrar. Y en ese tr\u00e1nsito, lo que se pierde no es solo la certeza, sino la legitimidad misma del castigo.<\/p>\n","protected":false},"author":151,"featured_media":161524,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[45,681,1475],"yoast_head":"\nPara el trabajo social, la condena a un inocente \u2014 a menudo a causa de una pericia \u2014 no termina con la absoluci\u00f3n - Revista Sur<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La justicia penal no puede descansar sobre aquello que no puede ser verificado. 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