{"id":161632,"date":"2026-09-22T22:26:49","date_gmt":"2026-09-22T22:26:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.revistasur.cl\/revistasur.cl\/?p=161632"},"modified":"2026-09-22T22:26:49","modified_gmt":"2026-09-22T22:26:49","slug":"chile-estadistica-basica-y-derechos-fundamentales-para-quienes-quieren-crear-una-policia-del-amor-contra-el-acuerdo-de-union-civil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revistasur.cl\/revistasur.cl\/2026\/09\/chile-estadistica-basica-y-derechos-fundamentales-para-quienes-quieren-crear-una-policia-del-amor-contra-el-acuerdo-de-union-civil\/","title":{"rendered":"Chile: Estad\u00edstica b\u00e1sica y derechos fundamentales para quienes quieren crear una \u201cpolic\u00eda del amor\u201d contra el Acuerdo de Uni\u00f3n Civil"},"content":{"rendered":"

En Chile reaparece una vieja tentaci\u00f3n de la pol\u00edtica migratoria: cuando una v\u00eda de regularizaci\u00f3n aumenta, transforma el aumento de las cifras en sospecha, y la sospecha, en delito. Esta vez, el objeto es particularmente delicado: el matrimonio y el Acuerdo de Uni\u00f3n Civil (AUC).<\/span><\/p>\n

El proyecto de ley Bolet\u00edn N.\u00ba 18.544-06, ingresado el 4 de agosto de 2026 y actualmente en primer tr\u00e1mite constitucional con urgencia simple, propone sancionar penalmente a quienes celebren un matrimonio o un AUC con el \u00fanico prop\u00f3sito de regularizar su situaci\u00f3n migratoria u obtener beneficios estatales o residencia en Chile. Contempla penas de presidio y multas, y sanciona tambi\u00e9n a quienes organicen, promuevan o faciliten estos actos. La Comisi\u00f3n respectiva ya convoc\u00f3 al Registro Civil y al Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) para discutirlo.<\/span><\/p>\n

La pregunta no es si el Estado puede perseguir el fraude. Por supuesto puede. La pregunta real es otra:<\/span> \u00bfqu\u00e9 evidencia existe para afirmar que el aumento de matrimonios y AUC constituye por s\u00ed mismo prueba de fraude?<\/span><\/i> Investigar un matrimonio simulado es una cosa pero construir una pol\u00edtica penal a partir de una estad\u00edstica es otra completamente distinta.<\/span><\/p>\n

Correlaci\u00f3n no es causalidad : Lo que dicen y lo que no dicen los datos<\/b><\/h2>\n

Antes de mirar una sola cifra, conviene detenerse en un principio elemental del razonamiento estad\u00edstico, porque de \u00e9l depende todo lo que sigue: que dos fen\u00f3menos aumenten al mismo tiempo no significa que uno sea la causa del otro.<\/span><\/p>\n

La correlaci\u00f3n describe una asociaci\u00f3n observable entre dos variables: cuando una sube, la otra tambi\u00e9n lo hace, o se mueven juntas de manera sistem\u00e1tica. La causalidad, en cambio, es una afirmaci\u00f3n mucho m\u00e1s fuerte: sostiene que el cambio en una variable produce el cambio en la otra. Toda causalidad genera correlaci\u00f3n, pero no toda correlaci\u00f3n revela una causa. Entre ambas puede haber una tercera variable no observada, una coincidencia temporal, o simplemente el crecimiento conjunto de dos fen\u00f3menos que responden a un mismo contexto sin que uno determine al otro.<\/span><\/p>\n

Aplicado a este debate, el razonamiento que sostiene el proyecto de ley opera as\u00ed: aumentan los matrimonios y los AUC con componente migratorio, aumenta tambi\u00e9n (se asume) el fraude. Pero entre esas dos variables no hay una l\u00ednea causal demostrada; hay, en el mejor de los casos, una coincidencia en el tiempo. Y una pol\u00edtica penal no puede construirse sobre una coincidencia. Necesita establecer un mecanismo causal verificable: que exista efectivamente la intenci\u00f3n fraudulenta, que pueda probarse caso por caso, y que su frecuencia real, no su frecuencia supuesta, justifique una respuesta del derecho penal.<\/span><\/p>\n

Este error de razonamiento tiene nombre en la literatura sobre pol\u00edticas p\u00fablicas basadas en evidencia: se llama inferencia causal apresurada, y es precisamente lo que las agencias estad\u00edsticas y los tribunales exigen evitar antes de traducir una tendencia en una norma sancionatoria. Confundir asociaci\u00f3n con causa no es un matiz acad\u00e9mico: es el punto exacto donde una pol\u00edtica migratoria deja de basarse en evidencia y empieza a basarse en sospecha.<\/span><\/p>\n

El propio documento que fundamenta la discusi\u00f3n, elaborado por el SERMIG, muestra un aumento considerable de las visas de reunificaci\u00f3n familiar vinculadas al matrimonio y al AUC. En materia de matrimonio se registran 19.730 permisos entre 2022 y julio de 2026, pasando de 489 a 6.841 solo entre 2022 y 2025. En AUC, la cifra llega a 10.319 permisos en el mismo per\u00edodo, de 62 en 2022 a 4.249 en 2025; para julio de 2026 ya se hab\u00edan otorgado 3.178, equivalentes al 74,7% de todo lo registrado durante el a\u00f1o anterior completo.<\/span><\/p>\n

Es un crecimiento real y nadie lo niega. Pero el n\u00famero de personas que usa una instituci\u00f3n jur\u00eddica no es el n\u00famero de personas que la usa de manera fraudulenta. Son dos variables distintas, y esa diferencia es crucial cuando la respuesta que se propone es el derecho penal.<\/span><\/p>\n

Pensemos en un ejemplo simple: <\/span>si en una ciudad aumentan las consultas m\u00e9dicas, \u00bfpodemos concluir que aument\u00f3 la simulaci\u00f3n de enfermedades?<\/span><\/i> No, sin antes revisar si creci\u00f3 la poblaci\u00f3n, si se abrieron nuevos centros de salud o si cambiaron los criterios de acceso. La estad\u00edstica necesita contexto. Entre 2022 y 2025, Chile experiment\u00f3 cambios migratorios, familiares y administrativos que pueden explicar buena parte de este aumento sin que medie fraude alguno.<\/span><\/p>\n

El AUC es una instituci\u00f3n jur\u00eddica com\u00fan y la responsabilidad penal es individual<\/b><\/h2>\n

Hay adem\u00e1s un problema conceptual de fondo. El AUC fue creado por la Ley N.\u00ba 20.830 como una instituci\u00f3n destinada a regular los efectos jur\u00eddicos de una vida afectiva com\u00fan y estable entre dos personas, reconociendo derechos y obligaciones entre los convivientes civiles. No es un mecanismo migratorio: es una instituci\u00f3n de familia. Que produzca, adem\u00e1s, efectos en materia migratoria no cambia su naturaleza jur\u00eddica, del mismo modo que nadie dir\u00eda que un matrimonio es fraudulento solo porque genera derecho a pensi\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Esto no significa negar que el fraude exista. Si una persona celebra ficticiamente un matrimonio o un AUC exclusivamente para obtener un beneficio, el Estado debe investigar. Pero investigar el fraude no requiere criminalizar la instituci\u00f3n. La pregunta correcta es c\u00f3mo identificar y sancionar los casos reales sin convertir a miles de parejas leg\u00edtimas en sospechosas por su nacionalidad o condici\u00f3n migratoria.<\/span><\/p>\n

El mismo documento del SERMIG desagrega los permisos por nacionalidad: m\u00e1s del 81% de las visas de reunificaci\u00f3n familiar por matrimonio con v\u00ednculo extranjero se concentran en personas de nacionalidad haitiana, colombiana, venezolana y peruana; en AUC, colombianos y peruanos representan m\u00e1s del 73% del total registrado. Pero una nacionalidad sobrerrepresentada en una estad\u00edstica no es una nacionalidad sobrerrepresentada en el fraude. Para llegar a esa conclusi\u00f3n har\u00eda falta otro dato: <\/span>cu\u00e1ntos matrimonios o AUC fueron efectivamente investigados, cu\u00e1ntos declarados simulados, cu\u00e1ntos judicializados y cu\u00e1ntos condenados.<\/span><\/i> Sin ese denominador, se corre el riesgo de confundir presencia con culpabilidad.<\/span><\/p>\n

Esa es, en el fondo, la pregunta que ning\u00fan parlamentario ha respondido todav\u00eda: <\/span>de los 10.319 AUC con componente extranjero registrados entre 2022 y julio de 2026, \u00bfcu\u00e1ntos fueron declarados fraudulentos? \u00bfCien? \u00bfDiez? Si esa cifra no est\u00e1 disponible<\/span><\/i>, no hay evidencia de un fen\u00f3meno delictivo que justifique una nueva figura penal; hay, en cambio, evidencia de un fen\u00f3meno social que alguien decidi\u00f3 tratar como sospechoso.<\/span><\/p>\n

La penalizaci\u00f3n como la \u00faltima herramienta de pol\u00edtica p\u00fablica, no la primera<\/b><\/h2>\n

Antes de crear un nuevo delito, existen alternativas ya disponibles: fortalecer los mecanismos de detecci\u00f3n de matrimonios y AUC simulados, mejorar la coordinaci\u00f3n entre el Registro Civil y el SERMIG, establecer indicadores objetivos de riesgo, investigar individualmente los casos sospechosos, reforzar la fiscalizaci\u00f3n documental y publicar datos sobre investigaciones y condenas efectivas. Eso ser\u00eda una pol\u00edtica p\u00fablica basada en evidencia. La otra opci\u00f3n, convertir el instrumento jur\u00eddico en un delito potencial, corre el riesgo de invertir la l\u00f3gica del Estado de derecho: la pareja migrante deja de ser una familia hasta que demuestre que no es un fraude.<\/span><\/p>\n

Combatir el fraude migratorio es una tarea leg\u00edtima del Estado. Pero combatirlo no exige sospechar de las familias migrantes ni convertir el matrimonio o el AUC en instrumentos potencialmente delictivos por el solo hecho de producir consecuencias migratorias. Los datos pueden mostrar que algo aumenta; por s\u00ed solos, no explican por qu\u00e9, y mucho menos permiten se\u00f1alar culpables.<\/span><\/p>\n

Antes de aprobar una nueva sanci\u00f3n penal, la pregunta deber\u00eda ser simple: \u00bfd\u00f3nde est\u00e1n los datos que demuestran el fraude? Si no existen, no se est\u00e1 legislando contra un delito comprobado, sino contra una sospecha. Y cuando esa sospecha recae principalmente sobre familias migrantes, racializadas y extranjeras, deja de ser un asunto meramente estad\u00edstico para convertirse en una cuesti\u00f3n de derechos humanos, igualdad ante la ley y democracia.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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