El pasado 20 de mayo, el Presidente Sebasti\u00e1n Pinera envi\u00f3 al Congreso el nuevo Proyecto de Ley de Migraci\u00f3n y Extranjer\u00eda cuyo objetivo es modificar la actual legislaci\u00f3n, en curso desde 1975. Entre sus principales objetivos se encontraba avanzar hacia una nueva institucionalidad que permita un acceso m\u00e1s expedito de extranjeros a nuestro pa\u00eds.<\/p>\n
Este proyecto de Ley modifica el actual y principal instrumento regulatorio, el Decreto Ley N\u00b0 1.094 de 1975, que constituye la legislaci\u00f3n migratoria m\u00e1s antigua de Sudam\u00e9rica, por lo que resulta necesario reformular la normativa vigente a 37 a\u00f1os de su dictaci\u00f3n . Cabe agregar, que esta ley se promulgo en Dictadura, por lo tanto su principal eje era la defensa y seguridad del pa\u00eds.<\/p>\n
Durante los \u00faltimos a\u00f1os hemos experimento una tendencia sostenida al alza en la poblaci\u00f3n migratoria en nuestro pa\u00eds. Seg\u00fan los datos entregados por el documento del Proyecto de Ley de Migraci\u00f3n y Extranjer\u00eda: \u201cel a\u00f1o 2001, 27 mil personas recibieron un permiso de residencia temporal. El 2012, la cifra alcanz\u00f3 los 100 mil, 3,8 veces m\u00e1s\u201d. Esto es un cambio propio de las tendencias globalizadoras y de la estabilidad pol\u00edtica y macroecon\u00f3mica que proyecta nuestro pa\u00eds. Empero, esta tendencia al alza es un desaf\u00edo para la modernizaci\u00f3n y reformulaci\u00f3n de nuestras anacr\u00f3nicas instituciones y normas en esta materia. Hasta ahora el fen\u00f3meno avanza m\u00e1s r\u00e1pido que la pol\u00edtica. Y la legislaci\u00f3n avanza un paso atr\u00e1s.<\/p>\n
Asimismo, Chile ha ratificado la mayor\u00eda de los instrumentos internacionales de protecci\u00f3n de Derechos Humanos. Sin prejuicio de lo anterior, aun no contamos con una Ley acorde a la demanda migratoria. Tampoco se ha formulado una pol\u00edtica explicita que garantice a los ciudadanos extranjeros sus derechos. Lo que existe son programas atomizados y parcelados aplicados por distintas municipalidades, ONG\u2019S o instituciones investigadoras. El problema es que no existe un marco regulatorio orientador que contenga una pol\u00edtica, lo que dificulta la coordinaci\u00f3n y trabajo de la administraci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n
En suma y a pesar del acelerado crecimiento de la poblaci\u00f3n extrajera tenemos una d\u00e9bil institucionalidad, que no garantiza los derechos y que no promueve una pol\u00edtica. Por lo dem\u00e1s, la promesa de este nuevo Proyecto de Ley est\u00e1 enfocada principalmente en la reformulaci\u00f3n de la Institucionalidad, considerando en mayor medida al inmigrante como trabajador y no como un ciudadano portador de derechos.<\/p>\n
Lo que tenemos hoy es una ambivalencia entre la integraci\u00f3n y la desidia. Esto dado que no existe una motivaci\u00f3n precisa para garantizar los derechos de todos aquellos que residen en el pa\u00eds, tampoco la integraci\u00f3n de la poblaci\u00f3n inmigrante esta en el eje de la nueva legislaci\u00f3n.<\/p>\n
La propuesta del Ejecutivo es una oportunidad para la discusi\u00f3n p\u00fablica del tema, contribuyendo en esta realidad. Se trata de casi 400.000 personas que llegan a nuestro pa\u00eds buscando oportunidades. Es un escenario provechoso si nos proponemos un desarrollo integrado de la realidad social, proyectando nuestro desarrollo no solo en materia econ\u00f3mica, asumiendo las vulnerabilidades a la que est\u00e1n expuestos quienes llegan a un nuevo pa\u00eds.<\/p>\n
Por ello, solo con una ley precisa, una institucionalidad robusta, que garantice derechos, genere mecanismos de inclusi\u00f3n (tal como est\u00e1n precisados en los acuerdos a lo que nos hemos adscritos) concretaremos que los ciudadanos sean protagonistas de sus derechos en nuestro pa\u00eds.<\/p>\n
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