Derechos para migrantes, ¿tarea pendiente?

Por: Jorge Rizik

A lo largo de los últimos cuarenta años la situación chilena respecto de la migración ha mostrado cambios importantes. Durante la dictadura Chile se caracterizaba por ser un país generador de emigrantes, la mayoría exiliados.

Sin embargo, tras el retorno de la democracia, con la consolidación de la institucionalidad y el constante crecimiento económico, Chile comenzó a ser cada vez más destino para los migrantes latinos.

Hoy, de acuerdo con cifras oficiales, la población migrante es de aproximadamente 369.400 personas, que constituyen alrededor del 2,08 por ciento del total de la población residente en el país. Ello representa un crecimiento de alrededor del 270 por ciento sobre el total de inmigrantes en 18 años, comparado a las 100.000 personas extranjeras que residían en Chile el año 1992.

Durante la intervención del Subsecretario de Relaciones Exteriores, Fernando Schmidt, con ocasión de la presentación del Informe de Chile ante el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus familias, señaló que “el Estado, entonces, ha debido responder ante una mayor demanda de permisos de residencia proveniente del creciente grupo de población inmigrante”.

Es así como el Estado chileno ha intentado desarrollar políticas públicas que respondan en forma coordinada a las demandas recibidas tanto de los migrantes, como de la sociedad chilena en su rol de receptora de estos nuevos flujos migratorios.

En la cita llevada a cabo en Ginebra, en el mes de Septiembre, Schmidt resaltó que durante los años 1997 y 2007,  Chile aplicó dos procesos de regularización migratoria, destinados justamente a documentar a los migrantes residentes en condiciones irregulares en el país, que sólo en el año 2007 significó atender cerca de 47 mil solicitudes.

De igual manera se anunció, con orgullo, la búsqueda de tecnologías que faciliten y optimicen la realización de trámites migratorios; la presentación de un proyecto de ley contra la discriminación, aprobado hace algunas semanas; y se anunció el estudio de una nueva ley de migración y extranjería.
Los esfuerzos por mejorar la situación de los migrantes en Chile, con leyes que les otorguen mayor protección, sin duda significa un gran aporte. Sin embargo, el día a día muestra una situación muy distinta.

La otra cara de La Moneda

Las organizaciones que presentaron los “informes sombras” ante el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus familias, llamaron al Estado chileno a preocuparse por la situación de los trabajadores migrantes, principalmente mujeres, quienes sufren discriminación frente a sus empleadores y ante la ley. La mayoría de los migrantes en Chile, según estos informes, tienen serios problemas para acceder a los servicios de salud, a la educación y protección social.

Helena Olea es una abogada colombiana que migró hacia Chile hace 6 años, “por razones familiares, como buena parte de los migrantes”, afirma. Trabaja en una de las instituciones que realizó uno de los informes sombras, la Corporación Humanas, y trabaja codo a codo con migrantes.

La Universidad Diego Portales le dio la oportunidad de abrir una Clínica Jurídica de Migrantes, donde junto a los alumnos de Derecho trabaja día a día por mejorar la situación de los migrantes. La Clínica lleva continuamente alrededor de 120 casos sobre temas laborales, regulación de papeles, asesorías penales, etc.

Helena reconoce la labor del Estado chileno por mejorar la situación de los migrantes, pero afirma que eso aún no es suficiente y que el principal problema es cultural y no legal. “A diario nos topamos con funcionarios públicos y personas que no respetan el derecho, ya sea por ignorancia o intolerancia. En el ámbito laboral muchas veces los derechos de los trabajadores migrantes son vulnerados por sus empleadores y en la Inspección del Trabajo  no son bien atendidos, ya sea por ignorancia de funcionarios, falta de información de los migrantes o simple discriminación”.

Una visión similar tiene Elizabeth San Martín, Asistente Social de FASIC (Fundación de Ayuda Social de los Fieles de las Iglesias Cristianas), quien trabaja en el Programa de Servicio e Integración para Refugiados (PROSIR). “Pese a la amplia difusión, principalmente en Internet y medios oficiales, los migrantes carecen de información sobre sus derechos y habitualmente son tratados como distintos porque también hay un desconocimiento en la sociedad”, afirma San Martín.

San Martín, quien también destaca los avances de la legislación chilena, aunque al ser consultada acerca de la situación de los derechos de los migrantes en Chile resalta que “cuando se pasa a llevar un derecho, se genera problema con el resto de los derechos”.

Para ejemplificar esto, Elizabeth relata una situación ocurrida tras el terremoto. “FASIC fue a prestar ayuda a los migrantes damnificados por el terremoto”. En esa labor, conocieron a una familia de migrantes peruanos, a cuyo hijo se le manifestó una esquizofrenia. Concurrieron al consultorio de rigor donde se le realizó el diagnóstico pero el tratamiento no se lo podían realizar hasta que estuviera inscrito en FONASA, para lo que necesitaba su acta de nacimiento. Antes de obtener el documento pasaron 6 meses en los que el niño no fue tratado.

La Asistente social es crítica de la burocracia de algunos consulados y de la intransigencia de funcionarios públicos en temas que son delicados, aboga por generar una cultura de trato al migrante que fortalezca el avance realizado en materia legal.

Respecto de la labor de los consulados Helena Olea coincide en las dificultades burocráticas para algunos trámites, agrega que muchas veces al migrante de a pie le resulta difícil, por temas de locomoción, acercarse a algunos organismos consulares. “Hay estados más sensibles y otros menos”, afirma respecto de la situación de los migrantes.

Pero resalta la labor de consulados como el de Ecuador y México. “La labor de Ecuador es admirable ya que tienen fondos destinados a la asistencia social de sus connacionales. Por su parte, México tiene una larga tradición de protección consular e iniciativas muy buenas, de las que el resto de los países latinoamericanos podríamos aprender, como los consulados móviles”.

De las reflexiones de estas dos mujeres, es posible concluir que el aparato estatal no tiene conciencia de la realidad del migrante, así como falta conciencia en la sociedad chilena. Esto último lo refleja Helena con una frase que escucha habitualmente desde que está en Chile “Lo primero que te pregunta un chileno cuando llegas es ¿te acostumbras?”.

Es tarea de todos construir una sociedad que integre a todos, en especial a los migrantes que “tiene un gran potencial, pues buscan tener un futuro mejor al que tenían en su país de origen”, tal como afirma Elizabeth San Martín.

Sitios relacionados

http://www.clinicasjuridicas.udp.cl/

http://www.fasic.org/

http://www.fasic.org/migra/notas/NOTAprosirbalance.html

http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/cmw/