El Ministerio de Educación ha contabilizado la existencia de 33 mil menores estudiantes, de primaria y media, en situación de irregularidad migratoria, indocumentados. Número que hace fácilmente estimar en 100 mil inmigrantes en irregularidad, al contabilizar tan sólo 2 familiares por cada menor. Estimando, prudentemente, en 200 mil extranjeros en la misma situación de irregularidad, al considerar a los inmigrantes que no tienen familiares en los centros educativos o simplemente no tienen familiares, que creemos son la mayoría de inmigrantes en el país.
El programa que viene aplicando el Gobierno, para regularizar a los menores edad indocumentados, es muy acotado, sólo considera a los menores y no a sus familiares, es parcial y su alcance a la fecha ha sido mínimo, más aún no variará este alcance puesto que estamos en período de vacaciones escolares.
La magnitud de la irregularidad migratoria, entre otros factores, cuestiona la focalización de programas contra la irregularidad, no obstante lo anterior si la focalización se hace sólo en cuanto a la implementación de un programa general de regularización pensamos que si de manera sustantiva podríamos avanzar en cuanto al objetivo regularizar a los indocumentados.
Es posible afrontar derechamente el tema de la irregularidad con un proceso de regularización extraordinario y general. A las condiciones objetivas, descritas en forma genérica anteriormente, particularmente marcadas por el número de inmigrantes en irregularidad, se le debe sumar el hecho objetivo, que desde nuestra propuesta de cedulación general, solicitudes individualizadas de residencia programadas y que evaluaría el Ministerio del Interior, enervar las sanciones migratorias que son nudos críticos para la regularización, no es necesario invertir recursos extraordinarios para ese proceso. Las entidades existentes, como la PDI, el Servicio de Registro Civil, los Departamentos de Extranjería y Migración, son capaces de afrontar ese proceso, reasignando funciones, sin variar sustancialmente sus funciones ordinarias y por ello no demandarían mayores recursos, pudiendo inclusive representar un ahorro sustancial en ellos, al ser más eficientemente usados.
La irregularidad migratoria y la discriminación institucional, son las bases en las que se sustentan los múltiples casos que hemos denunciado sobre abuso, violencia y explotación contra la población inmigrante. Hoy debemos lamentar trágicas muertes de inmigrantes en ese contexto y ello nos demanda actuar. La sola postergación de este proceso es un riesgo que es evitable. Estas últimas semanas, lamentablemente conocemos del asesinato de un inmigrante haitiano por supuesto retardo en el pago de $ 5.000 pesos (US$ 8 dólares aproximadamente) en la cuenta del mensual agua de la habitación que arrendaba, también conocemos de denuncias por nuevos casos de agresión física de empleadores y abuso laboral.
El pueblo inmigrante y el pueblo de Chile requieren se tomen medidas, tenemos el consenso para ello, está en las manos de la Presidenta Bachelet determinarlas, las 2 cámaras del Congreso se lo han pedido, esperamos que así lo haga por el bien del país.
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