Autora: Valentina Urzúa Benavides, practicante de Psicología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano
Co autora: Camila Gatica Higuera, coordinadora de prácticas RATT.Chile
La producción social de la vulnerabilidad: cuando la desigualdad se convierte en una herramienta de explotación
En realidades situadas definidas por el empobrecimiento, la precarización laboral y el endurecimiento de las políticas migratorias, la vulnerabilidad deja de ser una condicionante exclusivamente individual para transformarse en una producción político-socio-cultural. Las crisis económicas actuales que atraviesan países como Argentina y Chile no sólo aumentan la necesidad de encontrar trabajo con urgencia sino que también amplían los márgenes para que ofertas laborales fraudulentas encuentren personas cada vez más expuestas a distintos mecanismos de captación.
Desde esta perspectiva, Carolina Rudnick (2026) plantea un cambio destacable en la forma de comprender la trata de personas: «la vulnerabilidad en materia de trata es el potencial que tiene un sujeto de ser abusado por detentar una condición que el otro y el sistema considera inferior y, por lo tanto, no digno de protección estatal y social«. Esta definición, desplaza la directriz desde las características individuales de las víctimas hacia las relaciones de poder que producen y reproducen condiciones de abusabilidad, evidenciando que la explotación no surge del azar sino de estructuraciones que jerarquizan unas vidas por sobre otras.
Desde un enfoque de derechos humanos, resulta insuficiente comprender la migración únicamente como un fenómeno de movilidad humana. Cuando esta se desarrolla bajo políticas restrictivas, discursos de criminalización y crecientes desigualdades sociales, las personas migrantes quedan expuestas a procesos de disciplinamiento, es decir, dinámicas de control social que mediante el miedo, la incertidumbre y la dependencia económica, favorecen la aceptación de condiciones laborales precarias y reducen la posibilidad de denunciar situaciones de explotación. La migración, en sí misma, no genera trata; son las condiciones políticas, económicas e institucionales las que incrementan el riesgo de que esta ocurra.
En ese sentido, Rudnick advierte que «la migración per se no es criminógena, pero en el mundo actual (…) la potencial abusabilidad de una persona aumenta, sin lugar a duda«. Esta afirmación interpela la tendencia a responsabilizar a las personas migrantes por su propia vulnerabilidad y obliga a examinar críticamente el papel que desempeñan el Estado, las políticas públicas y las estructuras económicas en la reproducción de circunstancias donde la explotación laboral se vuelve posible. Más que identificar perfiles de víctimas, el desafío consiste en cuestionar los sistemas que continúan asignando distinto valor a las personas según su nacionalidad, origen étnico, género, edad o posición socioeconómica. Mientras estas jerarquías permanezcan normalizadas y protegidas, la trata de personas seguirá encontrando condiciones propicias para su reproducción, incluso bajo discursos institucionales que declaran proteger los derechos humanos.
La producción social de la vulnerabilidad también adquiere una expresión territorial concreta. Las condiciones de explotación, no se distribuyen de manera aleatoria sino que se articulan con movimientos económicos donde convergen migración, precarización laboral y desigualdad. La presencia recurrente de personas migrantes en talleres textiles, actividades frutícolas, hortícolas, construcción o explotación sexual, no responde a una característica propia de determinados grupos de personas sino a la forma en que los mercados de trabajo precarizados encuentran mano de obra disponible; en contextos de necesidad y desprotección.
Desde su experiencia en Argentina, Viviana Caminos (2026) advierte que «las poblaciones más pobres son las que terminan migrando«, recordando que el fenómeno de la pobreza lejos de explicar por sí sola la trata, configura un escenario donde las oportunidades laborales fraudulentas adquieren mayor credibilidad. La urgencia por generar ingresos facilita que la promesa de empleo sea un mecanismo eficaz de captación cuando las alternativas son escasas o inexistentes. Sin embargo, estas dinámicas no pueden comprenderse únicamente desde el plano económico. La entrevistada sostiene que «en la actualidad a nosotros nos afecta muchísimo que no tengamos una política de derechos humanos«, enfatizando que el debilitamiento de las políticas públicas, la desfinanciación institucional y la reducción de los dispositivos de asistencia, incrementan la exposición de las personas a redes de explotación. En este escenario, la trata deja de ser exclusivamente una acción del crimen organizado porque también es parte de las consecuencias de un Estado que reduce su capacidad de prevención, protección y restitución de derechos.
Por tanto, es posible comprender que la explotación laboral no puede abordarse únicamente desde la persecución penal o la identificación de víctimas. Constituye un fenómeno profundamente vinculado a la forma en que los Estados, las instituciones y las sociedades producen y administran la desigualdad. En consecuencia, cualquier estrategia de prevención e intervención territorial requiere ser situada en el centro de un enfoque de derechos humanos y derechos laborales; que reconozca la dignidad de todas las personas, con independencia de su origen o condición migratoria. En ese sentido, Carolina Rudnick advierte que «vivimos en una sociedad estratificada que tiene invisiblemente castas que reciben tratamientos distintos de parte del Estado, de la sociedad y de los individuos (…) consideramos inferior al negro, al pobre, al indígena, a la mujer, al niño, al anciano«. Desde otra experiencia territorial, Viviana Caminos complementa esta reflexión al señalar que «la pobreza, el aumento de la pobreza, el aumento de la desocupación y la subocupación constituyen factores que profundizan la exposición de las personas a ofertas laborales engañosas, en un escenario donde la informalidad y la ausencia de protección social favorecen la captación con fines de explotación”. Ambas perspectivas permiten comprender que la vulnerabilidad no es un atributo de las personas migrantes sino el resultado de relaciones de poder que se consolidan cuando la desigualdad social, la precarización laboral y el debilitamiento de las garantías institucionales convergen en un mismo territorio. Desde esa comprensión, el trabajo territorial deja de orientarse únicamente a responder frente a la explotación evidenciada y asume el desafío de fortalecer condiciones de protección, acceso a derechos y justicia social como parte esencial de la prevención.
Cada 30 de julio, el Día Mundial contra la Trata de Personas, nos recuerda que este delito no puede comprenderse únicamente desde el crimen organizado sino también desde espacios cotidianos de facil acceso o aparentemente cumplidores de las legislaciones jurídicas y laborales vigentes. Conmemorar esta fecha, implica renovar el compromiso con la defensa irrestricta de los derechos humanos y con el fortalecimiento de la anticipación o prevención desde los territorios. También resulta imprescindible exigir el refuerzo de las políticas públicas para que se vean garantizadas las condiciones de trabajo digno y así lograr impedir que la explotación encuentre nuevos espacios donde reproducirse.