No haría falta discutir si la masacre comunicacional infligida a la comunidad haitiana durante las últimas semanas obedeció a un plan maquiavélico orquestado desde las más altas esferas del poder o sí respondió simplemente a la lógica de una disputa política en la que los haitianos volvimos a ser el blanco más conveniente. Todo eso, en el fondo, ya lo sabemos. Lo que sigue resultando inquietante es cómo, casi por arte de magia, tantos pretenden caer en la misma trampa, con el mismo guion y contra el mismo actor.
La obra se montó mediante una convergencia masiva que terminó condenando a toda una comunidad ante la opinión pública, antes de que existieran antecedentes suficientes para justificarlo. Durante dos semanas se construyó un relato en el que los haitianos fuimos presentados como personas capaces de abandonar a nuestros propios hijos, de ocultarlos, de exponerlos a redes de trata de personas, a abusos sexuales e incluso al tráfico de órganos (todas estas afirmaciones corresponden a expresiones difundidas en la propia prensa chilena, por animadores populares y políticos). Lejos de un propósito informativo, la intención real fue sembrar una sospecha colectiva que, como tantas veces antes, tenía un color.
Desde siempre, las falsedades dirigidas contra la comunidad haitiana han resultado prácticamente imposibles de cuestionar, porque salir en defensa de quienes las sufren no es popular en una sociedad racista. Mientras quienes las maniobran rara vez pagan un costo, aquellos que se atreven a desmontarlas suelen enfrentar un alto precio político, mediático y social. Ese desequilibrio explica por qué tantas de estas construcciones sobreviven incluso después de haber sido desmentidas.
Queda totalmente instalado que la expresidenta Michelle Bachelet habría entregado dinero a cada haitiano una vez ingresado a Chile, con el propósito de incentivar esa migración, a través de un relato construido, repetido y aceptado como si fuera un hecho, y que todavía hoy se sigue reproduciendo en el debate público. En esa narrativa, Michelle Bachelet carga con un costo político por una afirmación que nunca correspondió a la realidad, mientras la comunidad haitiana queda asociada a la imagen de haber recibido beneficios indebidos financiados con recursos de todos los chilenos. Quienes construyen y difunden este relato lo siguen utilizando porque les resulta funcional, quienes deciden aceptarlo lo hacen porque les permite reforzar o justificar sus posiciones de odio, y la comunidad haitiana queda nuevamente en el centro del estigma y la frustración.
Se ha visto cómo, al transformarse este episodio en un golpe político contra un sector, representantes de ese grupo intentan contraatacar recordando el papel que desempeñó el expresidente Sebastián Piñera en otros flujos migratorios. Sin embargo, aunque existen declaraciones, registros audiovisuales y documentos públicos que respaldan esa afirmación, nunca provocó un nivel de indignación siquiera comparable al que desató la mentira dirigida contra la comunidad haitiana. Tal vez porque una cosa es discutir la actuación de un gobierno y otra muy distinta es fabricar un enemigo social. Y en Chile, ese enemigo despierta mucha más furia cuando tiene la piel negra.
Fabricar un enemigo social también exige un mecanismo capaz de sostenerlo. Prueba de ello es que, durante los últimos años, la propia prensa no solo ha denunciado que las noticias falsas sobre la migración fueron compartidas más de un millón de veces, reconociendo que la comunidad haitiana ha sido la principal víctima, sino que también ha documentado que varios de esos relatos fueron construidos sobre estereotipos y prejuicios de carácter racista. Sin embargo, durante las últimas semanas, la misma prensa vuelve a presentar algunos de esos mismos relatos con absoluta normalidad, precisamente cuando la coyuntura política vuelve a hacerlo conveniente para determinados intereses.
La memoria reciente acumula demasiados atropellos que terminaron en verdaderas tragedias o agresiones de distinto tipo, y siempre bajo el mismo patrón:
Ocurrió con una mujer haitiana que fue esposada, expuesta ante todas las cámaras del país y presentada como una madre que había abandonado a su hija. Antes de que existiera un juicio, ya había sido condenada por la opinión pública y su caso parecía creíble porque era mujer, negra, haitiana y, según la mirada dominante, pobre. Cuando la verdad comenzó a salir a la luz, ya era demasiado tarde. Todos terminaron lavándose las manos, pero la pregunta sigue siendo quién carga con la responsabilidad moral de su muerte.
Ocurrió durante la pandemia cuando, en un país que registraba miles de contagios y miles de fallecidos, las cámaras concentraron su atención en un cité de Quilicura porque vivían familias haitianas, como si estos haitianos hubieran caído del cielo ya contagiados. Sin considerar que también eran víctimas de la pandemia, esa cobertura mediática terminó convirtiendo al haitiano en el símbolo de la pandemia y en el rostro del miedo, hasta el punto de que un funcionario público pateó a un compatriota por temor a contagiarse.
Ocurrió con el supuesto caso de lepra. Ocurrió con el montaje del supuesto haitiano defecando en un parque de Vitacura. Ocurrió con el relato de los sobres amarillos. Ocurrió con tantas otras noticias falsas que permanecen instaladas en el imaginario colectivo como si hubieran ocurrido realmente, porque cuando ya existe el odio, la verdad deja de ser el principal criterio para creer una versión. Ya no se busca información para comprender la realidad, sino para confirmar el rechazo que ya se siente.
Si el verdadero propósito hubiese sido encontrar a esos niños, la primera reacción habría sido considerar todas las hipótesis razonables, más aún cuando años atrás los propios medios de comunicación habían dado amplia cobertura a familias haitianas que, desde Chile, emprendieron el camino hacia la frontera entre México y Estados Unidos. Esa posibilidad existía, era conocida y, de hecho, uno de los niños efectivamente se encontraba en México. Pero la imaginación fue mucho más rápida que la evidencia.
Lo más duro fue que los demás niños estaban inscritos en establecimientos educacionales y registrados en el sistema de salud de Chile, uno de los países más digitalizados de América Latina. Mientras el país era empujado a asumir los peores escenarios posibles, la información que permitía ubicarlos ya estaba en poder del propio Estado, aunque para entonces el daño ya estaba hecho.
Resulta difícil comprender que la supuesta desaparición de esos niños terminara dando lugar a reuniones estratégicas entre los tres poderes del Estado, a la activación de mecanismos de seguridad y a una intensa preocupación manifestada por muchos comunicadores, cuando frente a las denuncias de abusos sexuales que involucraron a integrantes del contingente chileno desplegado en Haití durante la MINUSTAH, así como a la existencia de niños nacidos de esas relaciones y posteriormente abandonados en el país, la respuesta siga siendo el silencio y la inacción.
La misma contradicción estalla en las redes sociales, donde expresiones de dolor y preocupación por esos niños conviven con lo que ocurre cada 18 de septiembre, cuando niñas y niños haitianos participan en las celebraciones vistiendo trajes típicos chilenos y esas mismas redes se llenan de mensajes de odio que llegan incluso a calificarlos de «garrapatas». No se puede llorar por los niños haitianos cuando sirven para una causa política y deshumanizarlos cuando simplemente participan de la vida del país en el que viven, del mismo modo que no se puede exigir respeto para ellos un día y negarles ese mismo respeto al siguiente.
Los hechos descritos hasta aquí también permiten comprender que, más allá de la complejidad conceptual que encierra el fenómeno del racismo y de las múltiples formas en que puede manifestarse, existen al menos dos formas de ejercerlo que resultan especialmente visibles en la realidad chilena.
La primera corresponde al racista abierto, aquel que practica el racismo de manera explícita, cruel y sin el menor pudor. En este grupo puede ubicarse perfectamente al hombre que hoy se encuentra detenido en Brasil tras protagonizar una agresión de carácter racista a bordo de un avión. También pueden incluirse quienes, desde espacios de poder, son capaces de coordinar estrategias destinadas a hacer caer todo el peso de un aparato comunicacional sobre un grupo de personas en razón del color de su piel, sin importar las consecuencias humanas que ello pueda significar.
La segunda forma es, probablemente, la más peligrosa. Es la del racista silencioso, el que actúa con disimulo, se presenta como una persona cordial, cercana, responsable e incluso defensora de la democracia, pero detrás de esa imagen socialmente aceptable conserva los mismos prejuicios y reproduce las mismas prácticas discriminatorias. La diferencia es que procura revestir sus actos de legitimidad, de buenas intenciones o incluso de aparente objetividad, haciendo que el daño resulte socialmente aceptable. Precisamente por esa capacidad de ocultar el racismo bajo un discurso moral o institucional, su impacto puede llegar a ser incluso mayor que el del racista abierto.
En este último grupo pueden ubicarse también aquellos que terminan colaborando con estrategias comunicacionales cuyo efecto es estigmatizar y aplastar la dignidad de una comunidad entera. Esa es, precisamente, la lógica que durante años ha marcado el tratamiento de la comunidad haitiana en Chile, donde opera un mecanismo que la convierte, una y otra vez, en el blanco más fácil sobre el cual descargar temores, ganar audiencia, obtener réditos políticos o alimentar prejuicios largamente instalados.
A fin de cuentas, pareciera que vivimos atrapados entre los dos grandes bloques políticos del país. Cambian los gobiernos, cambian los discursos y cambian los protagonistas, pero nosotros seguimos ocupando el mismo lugar. Algunos nos utilizan para alimentar miedo y rechazo, o para ocultar el fracaso de ciertas políticas públicas. Otros nos imponen medidas injustas para aparentar virtud y exhibir firmeza frente a la opinión pública, o para evitar el costo político de actuar con justicia. En ambos casos, la comunidad haitiana termina convertida en un instrumento de disputa política y no tratada como sujeto de derechos.