Los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio de 2026 no sólo removieron el suelo: dejaron al descubierto grietas sociales que ya atravesaban la vida cotidiana. Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, golpearon zonas al oeste de Caracas. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estimó que hasta 6,76 millones de personas podían verse afectadas. Detrás de cada cifra hay una casa que dejó de ser refugio, una familia buscando noticias y alguien preguntándose dónde dormirá esa noche.
Ningún desastre ocurre sobre un territorio socialmente neutro. Un terremoto es un fenómeno natural, pero sus consecuencias son profundamente políticas. La misma sacudida no golpea igual a una familia con vivienda segura, ahorros, documentos vigentes y redes de apoyo que a otra empobrecida, desplazada o dependiente de servicios debilitados. La tierra tiembla para todas las personas, pero la desigualdad decide quién puede ponerse a salvo, quién recibe ayuda y quién debe huir nuevamente. Esa es la tesis que no deberíamos eludir.
El vínculo entre terremoto, migración y bienestar se vuelve entonces inevitable. Antes de la emergencia, cerca de 7,9 millones de personas venezolanas ya habían salido del país, la mayoría acogida en América Latina y el Caribe. El terremoto se superpone a esa crisis. Perder una vivienda también puede significar perder medicamentos, documentos, empleo, escuela, redes vecinales y la pequeña estabilidad construida con enorme esfuerzo. Para algunas personas, migrar será una decisión; para otras, la única salida frente al miedo o la imposibilidad de reconstruir.
No toda migración provocada por una emergencia conduce a la explotación, y sería injusto reducir a las personas migrantes a la condición de víctimas. Sin embargo, la urgencia, la desinformación y el cierre de vías regulares amplían el espacio de quienes lucran con la necesidad. Una promesa de traslado seguro puede terminar en retención de documentos; una oferta laboral, en deuda coercitiva; una aparente protección, en explotación sexual o laboral.
Aquí la trata de personas aparece como una expresión de violencia estructural. No comienza únicamente con la captación por una red criminal: sus condiciones se preparan mucho antes, en la feminización de la pobreza, el racismo, la precariedad migratoria, la informalidad laboral, la falta de vivienda y el abandono institucional. El desastre no crea automáticamente la trata, pero puede profundizar el terreno en el que prospera.
Los riesgos tampoco se distribuyen de manera uniforme. Mujeres, niñas y adolescentes suelen enfrentar sobrecarga de cuidados y violencia de género. También quedan especialmente expuestos los niños y niñas separados de sus familias, las personas sin documentación o con discapacidad, las diversidades sexuales y de género y quienes carecen de redes de apoyo. Organizaciones humanitarias advirtieron que, después de los sismos, aumentaban los riesgos de violencia y explotación para la niñez, y que la respuesta debía incorporar medidas específicas de protección. Proteger no es una tarea secundaria durante una emergencia: es parte de salvar vidas.
Hablar de bienestar exige ir más allá de la ausencia de síntomas psicológicos. No basta con pedir resiliencia a quien carece de agua, techo, ingresos o atención sanitaria. La resiliencia sin derechos puede convertirse en una exigencia cruel: responsabilizar a las personas de sobreponerse a condiciones que no eligieron ni produjeron.
El bienestar es subjetivo, pero también relacional, comunitario y material. Necesita seguridad física, vínculos, información confiable, participación y la posibilidad real de imaginar un mañana. Requiere espacios para elaborar el duelo por la casa perdida, el miedo a las réplicas y la incertidumbre de partir. La atención psicológica importa, pero queda incompleta si se separa de las condiciones sociales que originan el sufrimiento.
Por eso, la respuesta regional no puede limitarse a la ayuda inmediata ni al endurecimiento de las fronteras. Los Estados latinoamericanos, incluido Chile, deben fortalecer las vías migratorias regulares, facilitar la documentación y la reunificación familiar, garantizar el acceso a protección y coordinarse internacionalmente. Cuando las rutas seguras se cierran, las personas quedan más expuestas a intermediarios y aumentan precisamente los peligros que las políticas restrictivas dicen prevenir.
También es indispensable reforzar los servicios públicos de las comunidades receptoras sin convertir a la población migrante en chivo expiatorio. Las presiones sobre salud, vivienda y educación son reales, pero deben enfrentarse con inversión, planificación e inclusión, no con xenofobia. Culpar a quien llega oculta las fallas estructurales de los Estados y rompe los lazos que podrían sostenernos durante una emergencia.
Una respuesta protectora debe integrar asistencia humanitaria, salud mental comunitaria, prevención de la violencia de género, orientación migratoria accesible y canales seguros de denuncia. Sobre todo, debe escuchar a las comunidades venezolanas y a quienes han vivido el desplazamiento o la explotación. No son receptoras pasivas de ayuda: poseen memoria, saberes y redes esenciales para reconstruir.
Cuando la tierra deja de temblar comienza una reconstrucción mucho más profunda. No basta con levantar muros y hospitales; hay que restituir derechos, reparar vínculos y evitar que la desesperación se convierta en negocio. La pregunta ética no es sólo cuántas personas cruzarán una frontera, sino en qué condiciones lo harán y qué humanidad encontrarán al otro lado. Si respondemos con sospecha, fronteras cerradas y abandono, el terremoto habrá derribado algo más que edificios: habrá fracturado nuestra capacidad colectiva de cuidar.
Referencias bibliográficas
- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. (2025, diciembre). Situación de Venezuela. https://www.unhcr.org/emergencies/venezuela-situation
- Organización Internacional para las Migraciones. (2026a, 28 de julio). República Bolivariana de Venezuela: Informe de situación n.º 17 sobre la respuesta al terremoto, 24–27 de julio de 2026.
- Organización Internacional para las Migraciones. (2026b, 27 de junio). Hasta 6,76 millones de personas podrían verse afectadas por los terremotos en Venezuela, según la OIM]. https://www.iom.int/news/676-million-people-could-be-affected-venezuela-earthquakes-according-iom
- Plan International. (2026, 9 de julio). Los terremotos en Venezuela dejan a niños, niñas y adolescentes en mayor riesgo de violencia.
- U.S. Geological Survey. (2026, 29 de junio). Peligros de deslizamientos de tierra provocados por la secuencia sísmica de Venezuela de 2026. https://www.usgs.gov/programs/landslide-hazards/science/2026-venezuela-sequence-earthquake-triggered-landslide-hazards