Mientras las estadísticas oficiales registran con precisión el crecimiento económico, la inflación y la productividad, una crisis silenciosa se manifiesta en cifras que no pueden seguir siendo ignoradas. Según el informe Panorama de la Salud 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Chile presenta una tasa de suicidios de 11 por cada 100.000 habitantes, una cifra que iguala el promedio de los países miembros y que se mantiene como un indicador crítico de malestar psicosocial no resuelto. Esta estadística plantea una pregunta incómoda: ¿de qué sirve el crecimiento económico si no se traduce en una vida que valga la pena ser vivida?
El Estado chileno sabe cuánto produces, cuánto consumes y cuánto debes. Puede estimar el crecimiento económico con precisión trimestral, calcular la inflación con rigor técnico y proyectar la productividad sector por sector. Pero hay una pregunta que, históricamente, no ha formado parte del corazón de sus estadísticas oficiales: ¿cómo se siente la gente? No es una omisión trivial, sino una limitación estructural en la forma en que se ha definido el progreso.
Durante siglos, la economía se construyó sobre indicadores materiales: toneladas, dólares, kilómetros de infraestructura. En ese marco, los sentimientos quedaron fuera del campo de lo «medible». No porque fueran irrelevantes, sino porque la ciencia económica dominante decidió —implícitamente— que no contaban como datos. Esa premisa comenzó a ser cuestionada de manera sistemática recién en el siglo XXI.
La irrupción del bienestar como dato
En 2012 surgió el World Happiness Report, un esfuerzo internacional impulsado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en colaboración con Gallup y el Centro de Investigación del Bienestar de la Universidad de Oxford (Helliwell et al., 2024). Su premisa es simple y radical: preguntar directamente a las personas cómo evalúan sus propias vidas. El instrumento central es la escala de Cantril. A cada persona se le pide imaginar una escalera del 0 al 10, donde el peldaño más alto representa la mejor vida posible y el más bajo la peor. Luego se le pregunta: ¿en qué peldaño estás hoy? El resultado no es una estimación técnica desde arriba, sino una agregación de experiencias vividas desde abajo. Seis variables ayudan a interpretar ese puntaje —PIB per cápita, apoyo social, esperanza de vida saludable, libertad percibida, generosidad y percepción de corrupción— pero no lo determinan. La diferencia es crucial: el bienestar lo define la ciudadanía, no el Estado ni el mercado.
Chile: crecimiento sin satisfacción
Chile encarna de manera particularmente clara esta tensión. Durante décadas fue presentado como un modelo de estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenido, un verdadero «milagro económico» que redujo la pobreza y la desigualdad de ingreso (Rojas & Charles-Leija, 2022). Sin embargo, cuando se mide el bienestar subjetivo, la imagen cambia. En el World Happiness Report 2026, Chile se ubica en el puesto 50 a nivel global, con un puntaje de 6,302 en una escala de 0 a 10, lo que representa su peor posición desde que se realiza la medición y una caída de cinco puestos respecto al año anterior y de doce lugares desde 2023 (La Tercera, 2026; El Dínamo, 2026). Esta brecha refleja una desconexión entre indicadores económicos y experiencia cotidiana. El estallido social de 2019 — (18-O) —, no fue una anomalía inesperada, sino la expresión acumulada de ese desfase: un país que crecía en cifras, pero no necesariamente en bienestar percibido (Akram, 2020). Como señala la literatura académica, Chile es un caso paradigmático de «crecimiento económico sin mejora de bienestar» (Rojas & Charles-Leija, 2022).
Una crisis global que Chile también enfrenta
El informe de 2026 introduce un dato aún más inquietante: por primera vez en la historia moderna, los jóvenes de los países más ricos son menos felices que sus padres a la misma edad. La tendencia se observa con claridad en Europa occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, donde el bienestar juvenil ha caído de forma sostenida en los últimos 15 años (Helliwell et al., 2026). Este período coincide con la expansión masiva de las redes sociales. Según el informe, los adolescentes que utilizan redes sociales más de siete horas al día reportan niveles de satisfacción vital casi un punto completo por debajo de quienes las usan menos de una hora. Sin embargo, el fenómeno no es uniforme. En América Latina, África y Medio Oriente, donde las redes sociales también son omnipresentes, el bienestar juvenil no ha caído con la misma intensidad. Países como Costa Rica han alcanzado posiciones históricamente altas en el ranking global, ubicándose en el cuarto lugar en 2026 (La Tercera, 2026). Esto sugiere que factores como la cohesión social, la confianza interpersonal y el sentido de pertenencia pueden amortiguar —o amplificar— el impacto de las transformaciones tecnológicas.
Chile, con altos niveles de desigualdad y fragmentación social, enfrenta este desafío en condiciones particularmente complejas. En respuesta, durante el verano de 2026 se instaló en el país una «Mesa por el Bienestar Digital Infantil», impulsada por la academia y con participación de las subsecretarías de la Niñez, Educación y Telecomunicaciones, con el objetivo de promover entornos digitales seguros (Universidad Adolfo Ibáñez, 2026). Asimismo, en enero de 2026, un proyecto de ley presentado en el Congreso buscó prohibir el uso de redes sociales en menores de 16 años, replicando el camino adoptado por Australia, ante la «evidencia suficiente que vincula el uso excesivo de estas plataformas con el aumento de la ansiedad, la depresión y otros trastornos» (La Cuarta, 2026).
El experimento que cambió la pregunta
En 2019, la entonces primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, propuso un cambio de paradigma: el objetivo del gasto público no debía ser el crecimiento económico, sino el bienestar de la población. Ese mismo año, el país presentó el primer “Wellbeing Budget” (el presupuesto de bienestar), de la historia, estructurando su presupuesto nacional en torno a cinco prioridades: salud mental, bienestar infantil, condiciones de vida de los pueblos indígenas, transición hacia una economía sostenible y productividad digital (New Zealand Treasury, 2019). Cada política pública debía demostrar su impacto en al menos una de estas dimensiones.
Los resultados fueron mixtos. A pesar de inversiones significativas —incluidos 1.900 millones de dólares neozelandeses en salud mental— persistieron problemas como la pobreza infantil y el acceso desigual a servicios. El programa perdió continuidad tras un cambio de gobierno. De hecho, el gobierno neozelandés actual ha retornado a un enfoque más tradicional, priorizando en su presupuesto para 2026 «construir una economía más fuerte y productiva» y «restaurar la disciplina en el gasto público», aunque mantiene un enfoque de bienestar ligado a resultados en salud, educación y orden público (New Zealand Treasury, 2025). Sin embargo, durante la pandemia COVID-19, Nueva Zelanda registró una de las tasas de mortalidad más bajas de la OCDE, lo que algunos analistas vinculan a su enfoque preventivo centrado en el bienestar humano (Baker et al., 2020). El experimento no fue perfecto, pero dejó una lección clave: medir el bienestar no es suficiente; también es necesario transformar las instituciones y los incentivos que traducen esos datos en acción.
El problema no es técnico, es político
Chile no carece de capacidad estadística. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) es una institución sólida, con estándares internacionales. El problema es qué decide medir. Incorporar el bienestar subjetivo como indicador central implicaría reconfigurar prioridades políticas. Significaría reconocer que el crecimiento económico, por sí solo, no garantiza una vida digna. Y obligaría a enfrentar preguntas estructurales sobre desigualdad, acceso a servicios básicos: salud mental y cohesión social. No es casual que estas métricas hayan sido históricamente marginales. Lo que se mide define lo que importa.
Una pregunta pendiente
Hoy sabemos algo que durante décadas fue ignorado: el PIB puede crecer mientras el malestar también lo hace. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Chile es prueba de ello. La pregunta, entonces, no es si el Estado puede medir cómo se siente la gente. La pregunta es si está dispuesto a hacerlo —y, sobre todo, a actuar en consecuencia. Porque mientras esa pregunta siga fuera de las estadísticas oficiales, una parte esencial de la realidad seguirá siendo invisible.
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Nota: Esta columna está inspirada gracias al contenido divulgativo del Doctor Víctor Manuel Collí Ek, el cual explora la relación entre economía, bienestar y percepción subjetiva de la vida.