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Inmigración en Chile: ¿Están nuestras autoridades preparadas para el desafío?

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En la última década, producto de muchos factores, ha crecido considerablemente el número de personas que habitan el país que tienen una nacionalidad diferente a la chilena.

Según los datos entregados en el Censo de 2012, los extranjeros que habitan en nuestro país ascienden a 339.536 personas que representa un 2,04% de la población total. De ellos, destaca la población que proviene de: 1) Perú: 103.624 (30,52%); 2) Argentina: 57.019 (16,79%); 3) Colombia: 27.411 (8,07%); 4) Bolivia: 25.151 (7,41%); 5) Ecuador: 16.357 (4,82%)*.

Las cifras anteriores varían significativamente a lo largo del territorio nacional, siendo más importantes en el norte del país. Por ejemplo, en la Región de Antofagasta, el porcentaje (según el último censo) de inmigrantes alcanza el 10%.

Lo anterior, en una sociedad que respete coherente y adecuadamente los derechos humanos de sus habitantes, no debiera ser más que un dato anecdótico, debido a que todos los seres humanos tenemos el mismo grado de dignidad y el hecho de haber nacido en uno u otro país no debiera ser sustancial al momento de gozar o no de un determinado derecho humano.

Lamentablemente, nuestro país está en pañales en esta materia, la creciente diversidad cultural genera tensiones claras en la población, más aún en un país que vive el mito de ser homogéneo culturalmente y que cree (sin razón) ser diferente (incluso hay quienes se sienten “superiores”) a la población de los países vecinos.

Sin embargo, en conformidad a la globalización, el crecimiento económico y la baja tasa de natalidad, permite sostener plausiblemente que la inmigración o se mantendrá o aumentará con el tiempo, pero no parece previsible que ella disminuya.

Así, el fenómeno inmigratorio llegó para quedarse y ello implica que hay que tener (entre otras cosas) autoridades que tengan claro los principios y derechos humanos que se encuentran en juego, al momento de ejercer las atribuciones y competencias de sus cargos. Ello no sólo por una razón humanista, sino también porque es su obligación, cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico nacional, que pese a sus falencias y gracias a los innumerables tratados internacionales suscritos, protege los derechos humanos de todos los habitantes de la República, en igual grado.

En ese sentido, las autoridades de la Región de Antofagasta (Waldo Mora, Intendente, y Karen Rojo, Alcaldesa de Antofagasta) claramente no han estado a la altura de su cargo al momento de ejercer la autoridad que a ellos les hemos conferido, en razón a sus declaraciones al respecto.

Por todos es conocido, que el Intendente de Antofagasta, con sus declaraciones estigmatizó y agravió los derechos humanos de un colectivo de personas que habitan nuestro país, señalando que los extranjeros que habitan la región crean problemas de convivencia y quiebres matrimoniales.

Igual de desafortunadas, fueron las declaraciones de la Alcaldesa al señalar que no tiene inconvenientes con la marcha contra los extranjeros, que se realizará el próximo sábado en Antofagasta, diciendo que: “No tenemos miedo a ninguna manifestación, siempre que se haga con respeto y que esta cumpla con el objetivo que se plantea y no se transforme en una actividad xenófoba».

Sra. Alcaldesa: ¿Puede ser respetuosa una manifestación pública, que tiene por objeto estar en contra de un colectivo de personas por el sólo hecho de ser de otro país? Pareciera que ello no es posible y que la respuesta simplista de la Alcaldesa, sólo denota que no entiende el conflicto ético-jurídico al que se enfrenta.

La Alcaldesa perdió la oportunidad de condenar una actividad pública que se realiza con la clara intención de discriminar, menospreciar, prejuiciar y estigmatizar a un grupo de personas que habitan el territorio nacional, por el sólo hecho de ser de otro país. La Alcaldesa debe saber o debería saber, que los derechos fundamentales que garantiza nuestra Constitución Política son para todas las personas que habitan el país, sin distinción de su situación administrativa, es decir, personas a secas, no importando su nacionalidad ni la situación administrativa en la que se encuentren.

Las más altas autoridades de la Región de Antofagasta, claramente no se encuentran a la altura de su cargo, no están preparadas para enfrentar el desafío de la inmigración bajo el prisma del respeto de los derechos humanos. Pareciera, por sus declaraciones, que creen que los inmigrantes son personas de segunda categoría y que por tanto pueden hacer una distinción entre ellos y el resto de las personas que habitan el país.

El fenómeno de la inmigración es un proceso en desarrollo y complejo, que genera grandes desafíos para el país. Para ello, es fundamental que nuestras autoridades públicas conozcan y apliquen en el ejercicio de su cargo los derechos humanos, no sólo porque es deseable, sino porque en virtud de los artículos 5, 6 y 7 de la Constitución Política de la República es una obligación. En particular, el artículo 5 inciso segundo, que señala:

“El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes”.

*Lamentablemente, debo poner la advertencia de que los datos entregados por el INE sobre el CENSO del año 2012 se encuentran en revisión, debido a las incompetencias cometidas por sus autoridades en la realización del CENSO de población.

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Columnas · Migración

Abogado y Magíster en Derecho con mención en Derecho Público, Universidad de Chile. Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Derecho Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Doctorando en Derecho y Ciencia Política, Universidad Autónoma de Madrid.

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