Nuevos rostros buscan que se garantice la migración como un derecho en la Constitución

La precarización de la vida, por la política migratoria del gobierno y el contexto de pandemia, y las vulneraciones del derecho al refugio que se han agudizado en las últimas semanas, fueron algunos de los puntos tratados en la recién asamblea, convocada por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes. En la actividad también se presentó públicamente a Vanessa González Peña, nueva presidenta de la organización, quien junto a Catalina Bosch, y Manuel Hidalgo,  precandidatos a la Convención Constitucional, expresaron la necesidad de una regularización urgente y sin condiciones.

“Tenemos como gran reto llevar a cabo el proceso de articulación, de cara a las demandas construidas por la Coordinadora por años, una agenda construida desde la participación de muchas organizaciones sociales de migración y refugio, y queremos reivindicarlas. Buscamos llevar nuestra consigna de la migración como un derecho humano y pedir la regularización migratoria. También que se garantice el derecho a la migración en la nueva Constitución”, manifestó Vanessa González.

Respecto al proceso constituyente, Manuel Hidalgo indicó que desde el movimiento social han insistido con la demanda de una asamblea constituyente, y confía en que se pueda lograr, a pesar de la pauta que ha determinado el poder político.

“Vamos a hacer parte de las elecciones a la Convención Constitucional porque con la organización se pueden conquistar las condiciones de una asamblea popular constituyente, libre y soberana, allí defenderemos el derecho de los pueblos a migrar, la necesidad de una ciudadanía plena, la de una cultura basada en la interculturalidad”, dijo el precandidato, quien en su intervención también se refirió a la confluencia de las demandas sociales de las comunidades inmigrantes y las locales.

“El pueblo migrante organizado es parte de los  pueblos que en Chile quieren cambiar este rincón de nuestra América, y que sea un lugar en que se pueda vivir y trabajar, no compitiendo, sino complementándonos”, precisó Hidalgo.

Por su parte, Catalina Bosch, destacó que su precandidatura se orienta  a construir una sociedad que respete y valore la diversidad. “Que se entienda que todas las personas, independiente de nuestro lugar, de origen, etnia, cultura tenemos derechos y deben ser respetados en dignidad y justicia. Esta candidatura apuesta por los derechos humanos para todos, todas y todes”, señaló, a la vez que recordó que chilenos y chilenas migrantes, quienes están en el extranjero, también merecen tener voz en la Convención Constitucional.

De manera simultánea a la presentación de nuevos rostros que ahora hacen parte de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, y que estarán llevando la voz de su organización a un segundo momento del proceso constituyente, en la organización reiteraron que la pandemia reforzó las desigualdades a las que ya se enfrentaban las personas migrantes, configurándose así una violencia sistemática en lo político, mediático y territorial, que desencadeno en expresiones xenófobas, racistas y de discriminación.

Para Héctor Pujols, presidente saliente de la organización, el contexto político ha sido complejo, por más de dos años que estuvo al frente de la Coordinadora.

“Hemos visto como la política migratoria ha sido muy hostil, como los trámites en extranjería se alargaban, como nos criminalizaban y señalaban de quitar el trabajo, de aumentar la delincuencia, aumentar el VIH, en general una política criminalizadora, pero una de nuestras tareas fundamentales es fortalecer los instrumentos que nos permitan defendernos mejor con nuestros derechos”, explicó el activista.

A la Asamblea Migrante llegaron personas de distintas nacionalidades y realidades, quienes coincidieron con la demanda por la regularización, una de las peticiones que ha hecho la Coordinadora Nacional de Inmigrantes desde que se fundó.

Por lo tanto, el movimiento continúa exigiendo al Estado que entregue cédula a todas las personas que carecen de ella, la eximición de todas las sanciones pecuniarias y administrativas por faltas migratorias, el otorgamiento de residencias temporarias por el plazo de un año, y el de permanencia definitiva sin la dilatación de los procesos.

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