Menores migrantes no acompañados en Chile, una realidad posible

“No puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad, que la forma en que se trata a sus niños”, es una de las frases con las que Nelson Mandela declaró lo importante que es la protección de la niñez y cuánto interpela a cada ciudadano que es parte de una determinada sociedad.

Actuar en consonancia con esto, sin duda, es un deber y desafío permanente para todas las naciones. Si bien Chile no está en guerra como Siria o Camerún, no ha enfrentado una sostenida pobreza y violencia como la de Haití, ni tampoco ocurre una crisis humanitaria como en Venezuela, sí ha fallado en la protección de los menores. La creación de la Defensoría de la Niñez y el rol que ha tenido esta institución durante el último tiempo, no ha hecho más que evidenciar esta afirmación. En su último anuario se expuso que dos tercios de los menores de 5 años ha recibido un método violento de disciplina y que son más de quinientos los niños que viven en situación de calle, sólo dos datos que muestran situaciones reales, pero poco visibles. Además, vale agregar los casos de menores que fueron víctimas de la violencia y abuso de agentes del Estado en el marco del “Estallido Social del 18O», la sabida crisis que vive el SENAME o los últimos y trágicos casos ocurridos con menores como el de Tomás en la Región del Bío Bío o Emilio en Longaví. Antes de estos hechos, un cuarto de los menores ya se sentía inseguro al caminar solo en el barrio de su casa y/o colegio, imaginemos cómo podría ser la mirada hoy en día.

Es tal la fragilidad del Estado y de las estructuras que debiesen proteger a las personas en nuestro país, que basta con “mirar bajo la alfombra” o captar las primeras secuelas de una crisis para identificar algunas vulneraciones a la dignidad de las personas. Dos hechos actuales: (1) El INTA ha descubierto focos de desnutrición infantil, un mal que ya había sido erradicado del país. (2) El aumento de los campamentos, más de ochenta mil familias viven en estas viviendas, la cifra más alta desde el año 1996. En un Estado sólido y garante de los derechos básicos de las personas, el hambre y la indigencia no serían una realidad tan sencilla de repetir.

Chile ha vivido un fenómeno migratorio totalmente nuevo en la última década, las políticas migratorias adoptadas en el Gobierno de Sebastián Piñera han dificultado el ingreso de las personas extranjeras que buscan una mejor vida en nuestro país. La instalación del sistema de visas consulares para ciudadanos venezolanos y haitianos disminuyó significativamente las autorizaciones de entrada, lo que sumado al cierre de fronteras desde mediados del 2020 y a la sostenida crisis que acontece en los países de origen de estos hermanos latinoamericanos, derivó en un aumento exponencial en los ingresos por paso no habilitado (IPNH) Basta recordar la reciente situación ocurrida en Colchane, lugar al que miles de extranjeros llegaron luego de cruzar por el desierto. Según datos Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), en su Anuario 2020, se indica que ocurrieron 16.848 IPNH en el año 2020, casi diez veces más que la cifra del año 2015. Asombroso es el dato, pero preocupante es saber quiénes la componen: ancianos, adultos y menores de edad.

A nivel mundial, durante el año 2019, según ACNUR el 40% de los sujetos que migraron debido a un desplazamiento forzoso tenía menos de 18 años, es decir, alrededor de 30-34 millones de niños. Este grupo se compone de “menores migrantes”, “menores migrantes separados” y “menores migrantes no acompañados”, este último es el grupo más reducido, pero también el más vulnerado.

Vinculado a lo anterior, la presencia de niños migrantes en Chile ha crecido significativamente, lo cual se evidencia en la matrícula escolar que pasó de un 0,9 el 2015 a un 4,9 el 2020. Entre estos también se identifican “menores migrantes separados”, que están al cuidado de familiares mientras sus padres todavía siguen en su país de origen, en otro país de tránsito o se desconoce su situación, lo cual aún no se respalda con evidencia, pero sí se identifican escolares no nacionales que viven al cuidado de otros familiares que se hacen cargo de ellos y cumplen el rol de apoderado. Esta es la realidad hasta hoy, porque la nueva Ley de Migración y Extranjería podría cambiar la situación, pues las expulsiones declaradas no han discriminado respecto a la situación familiar del adulto sancionado y ya son cientos los padres de familia que viven con el temor de que se ejecute su expulsión. Si bien es cierto que aún no es noticia la presencia de “menores no acompañados” en Chile (llamados “MENAS” en otros lugares), la separación familiar es una de las causas de esta condición, porque a veces el territorio del que se huye o se quiere huir es mucho más adverso para un menor, quien además es más vulnerable, y en casos extremos éstos viajan o se quedan solos en determinados lugares donde, en cierta medida, serán más protegidos sus derechos. Lamentablemente en nuestro país la situación podría empeorar, intencionado por esta nueva normativa donde es totalmente factible que ocurra la separación de las familias, atentando contra el principio de reunificación familiar y el interés superior del niño.

La protección de los menores es deber del Estado, lo que considera todos los compromisos que contempla la de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue firmada y ratificada por Chile en el año 1990. Pero quienes educamos en los colegios sabemos de decenas y cientos de casos en los cuales se vulneran los derechos del menor, no sólo por maltrato o abuso por parte de familiares, también por instituciones del Estado que actúan, ya sea por desconocimiento, colapso o mala intención, en desmedro de estos menores: negando su acceso a la salud por no tener documentación o rechazando su acogida en establecimientos educacionales que toman decisiones arbitrarias. Incluso, como sociedad, hemos permitido la indigencia de estos niños, quienes recorren las calles de Santiago, Iquique y Antofagasta junto a sus familias.

Actualmente, en muchos centros educativos tenemos apoderados que temen la expulsión, pues el show mediático realizado hace unos días atrás, con personas vestidas de overol blanco caminando uno tras otro hacia un avión que los expulsaría del país, caló hondo en todos aquellos que llegaron a Chile luego de cruzar la frontera, en un acto de desesperación, de una manera indeseada pero necesaria para su supervivencia. La parafernalia con la que se realizó la expulsión de 55 personas el domingo 25 de abril, no se hizo más que criminalizar la migración y esparcir el miedo, pese a que este procedimiento ya había sido cuestionado por la ONU, se insistió y actúo incluso con mayor efusividad por parte de las autoridades de Gobierno y Extranjería.

En conclusión, la fragilidad que ha demostrado el Estado a la hora de verse en la urgencia de garantizar el bienestar de sus ciudadanos, nos devela cómo se ha permitido la precarización de la vida frente a nuestros ojos, con la reaparición de cientos campamentos y el resurgimiento de focos de desnutrición infantil; desgracias que sufren tanto ciudadanos nacionales como no nacionales. Por otro lado, las expulsiones y la falta de debido proceso en la aplicación de la nueva Ley de Migración y Extranjería pueden advertirnos que, si seguimos siendo meros espectadores del trato que se le ha dado al migrante, en cosa de tiempo comenzaremos a hablar de menores no acompañados en Chile, una realidad que se veía lejana, pero podría ser otra herencia más de este cuestionado Gobierno.   

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