Refugiados y refugiadas denuncian negación de solicitudes y persecución

El desconocimiento de la institución del refugio y la criminalización por parte del ejecutivo, quedaron expuestos en la carta que dirigieron agrupaciones de refugiados, reconocidos y solicitantes de este derecho, a Rodrigo Delgado Mocarquer, ministro del Interior.

De acuerdo a la Mesa de Articulación de Refugiados, compuesta por la Organización de Colombianos Refugiados en Chile, Ocorch, el Comité de Refugiados Peruanos, el Colectivo sin Fronteras y la Asociación de Exiliados Peruanos, desde el 2019 han hecho las denuncias frente a la negación de las solicitudes, por parte del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, y que persiste hasta ahora en las mismas fronteras y otras instancias, ya que hay instrucciones de impedir el ingreso al país y derivar los casos, así como la Subsecretaría del Interior entregó indicaciones a varias gobernaciones del país para no recibir solicitudes de refugio (oficio 7196).

“En los hechos, se ha producido una drástica reducción en las solicitudes de refugio que pasaron de 5.723 (año 2017) y 5.727 (año 2018), a 780 (año 2019) y 432 durante el primer semestre del año 2020. La misma drástica reducción se ha implementado en los reconocimientos de refugio entregados, que fueron 162 (año 2017) y 171 (año 2018, el 3% del total), a 30 (año 2019) y 7 durante el primer semestre del año 2020 (Fuente-Departamento de Extranjería y Migración, agosto, 2020). Los rechazos de las solicitudes de refugio se dieron aduciendo “falta de pruebas”, o desestimando pruebas por considerarse “cese del peligro”, no comprendiendo que la persecución y amenaza a la integridad física subsiste pese a los cambios de gobierno o disminución del conflicto interno. A la fecha existe una política de rechazo sistemático de reconocimiento”, señalaron en la declaración.

Una de las vulneraciones con dichas prácticas estatales, también se evidencia en el desconocimiento de las residencias temporarias otorgadas, para solicitar la permanencia definitiva, luego de los dos años que exige la ley, dejando en una mayor desprotección a las personas migrantes y con una situación de inseguridad e inestabilidad ante su refugio no reconocido.

“Señalamos la responsabilidad política del gobierno al no recibir las solicitudes de refugio, o generando confusión respecto a la protección complementaria, todo con la intención de deslegitimar la institución del refugio”, manifestó Manuel García, activista, también integrante de la mesa.

Por otro lado, las y los refugiados mostraron su preocupación, respecto a la revisión de los otorgamientos de refugio, anunciada por el gobierno, aduciendo una supuesta “falta de rigurosidad”.

“Esta política de criminalización y persecución contra los refugiados, que se ha concretado con la revisión del status de refugiado, y en hechos como el sometimiento a control de firma en la PDI de los refugiados sin que exista razón alguna, ni siquiera imputación de falta migratoria, sólo por el mero arbitrio de la autoridad migratoria que accede a requerimientos ilegales de otros países o los de la propia policía inclusive en casos de refugiados después de 15 o más años de reconocimiento”, manifestaron en la declaración.

Karen Balvin, refugiada e integrante de Ocorch, se refirió a la Ley 20.430: “hoy nos cambian la ley mediante la preadmisibilidad, y se nos está obligando a hacer otro tipo de trámites como ir a autodenunciarnos en la PDI y otros que nos pueden generar expulsión, más que un reconocimiento al derecho del refugio como data en la ley, por eso exigimos que se aplique al pie de la letra y que nuestras personas que vienen de conflictos muy agudos pueda ser reconocidas con la figura del refugio, como Chile se ha comprometido”.

En la misma línea, otro integrante y refugiado, que prefirió reservar su nombre, se mostró en contra de la política que desarrolla el actual gobierno. “Estamos preocupados por esta política contra el estatus de refugiado, negando los derechos internacionales de la Convención. Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, y al ACNUR a que velen por nuestros derechos”, agregó

De esta manera, la Mesa de Articulación de Refugiados, denunció una vez más los hechos mencionados y exhortó a las autoridades, instituciones, Congreso, poder judicial, Contraloría General de la República, y miembros electos para la Convención Constitucional, a pronunciarse ante la amenaza a la institución del refugio, la persecución, e inseguridad a la que se enfrentan las personas refugiadas y sus familias.