El cuidado y protección de las instalaciones críticas, no puede ser el pretexto para que el ejército realice un control migratorio, para el cual no está preparado, ya que generan un riesgo en la vida de personas, entre ellas, mujeres, niños y ancianos, que en su mayoría vienen de situaciones de peligro en sus países de origen.
Solicitamos que se tomen todos los resguardos, para que la vida y derechos de las personas migrantes, que transitan por la frontera, no se vean afectados por la intervención del ejército, ni ocasione el aumento de tráfico ilícito de migrantes ni trata de personas.
Lamentablemente, vemos que continúa instalándose el miedo en la ciudadanía, a través de una asociación directa entre irregularidad migratoria e inseguridad, sin una debida contextualización y análisis especializado.
Hemos planteado en diversas oportunidades, la importancia y necesidad de terminar con la irregularidad de personas migrantes, a través de una política de Estado, que también permita el registro único de todas las personas que ingresan al territorio, y así se pueda llegar a un control efectivo, por parte de las instituciones públicas, garantizando a su vez los derechos de quienes migran.
La migración no es un delito, es la consecuencia de procesos que empujan a las personas hacia lugares en los que pueden proteger su vida y la de sus familias.
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