Más de 70 organizaciones denuncian discriminación gubernamental hacia migrantes

 “Entendemos la importancia de salvaguardar la seguridad, pero resulta injusto e incorrecto atribuir sin sustento técnico la responsabilidad de los problemas de inseguridad a la migración.”

Más de 70 organizaciones migrantes y pro migrantes denunciaron mediante una carta dirigida al presidente Gabriel Boric la intensificación del discurso discriminatorio desde instituciones del Estado, al igual repudiaron el anuncio de expulsión de personas migrantes que no han cometido delitos, cuya infracción se limita al ingreso por paso no habilitado y exigieron avanzar en la regularización migratoria.

En la carta señalan “entendemos la importancia de salvaguardar la seguridad, pero resulta injusto e incorrecto atribuir sin sustento técnico la responsabilidad de los problemas de inseguridad a la migración, de acuerdo con estadísticas del Ministerio Público, menos del 10% de personas formalizadas por delitos entre 2022 y 2023 corresponden a la población migrante”.

Las organizaciones sostienen que la mayoría de las personas calificadas como irregulares ingresaron durante la pandemia, cuando las fronteras estaban cerradas, muchas con hijos e hijas menores (NNA), en busca de la reunificación familiar, personas de la comunidad sexo-genérica, mayores, todas aspirando a un futuro en Chile.

Indican que es fundamental distinguir a quienes no han cometido delitos, quienes son mayoría, sobre todo las personas que no tienen antecedentes penales y deberían tener la posibilidad de regularizarse y contribuir al país, de esta manera, proponen un proceso de empadronamiento biométrico informado y expedito, priorizando casos urgentes, como madres y padres de menores de edad.

También recordaron el caso de Ana Paredes, víctima de violencia de género quien fue detenida con su hijo de 10 años durante 3 días por la PDI y deportada tras empadronarse voluntariamente, destacando que “es imperativo resolver la situación de niños y adolescentes que ingresaron irregularmente, asegurando su acceso a la residencia temporal y considerando el futuro de quienes cumplirán la mayoría de edad”.

Finalmente, solicitaron un compromiso transversal del Estado con un trato digno a personas migrantes y refugiadas, basado en la legislación existente, derechos humanos, inclusión intercultural y de género. Enfatizaron que Chile ha sido históricamente un «asilo contra la opresión», además, muchos chilenos y chilenas han migrado en busca mejores condiciones de vida, recordando que miles se exiliaron durante la dictadura.