Cada 30 de julio conmemoramos el Día Mundial contra la Trata de Personas, una fecha que busca visibilizar una de las violaciones a los derechos humanos más graves y extendidas del siglo XXI. En los últimos años, el tema ha comenzado a ocupar un espacio mayor en la agenda pública en Chile. Sin embargo, ese aumento de visibilidad ha estado fuertemente centrado en la persecución penal de grandes redes criminales, descuidando otros pilares fundamentales de una política integral como son la prevención, la protección, la atención y la reparación a las víctimas y sobrevivientes.
Como psicóloga, migrante y docente universitaria, me parece urgente visibilizar un actor clave que ha brillado por su ausencia en esta lucha: las universidades.
¿Dónde están las instituciones de educación superior cuando se trata de formar profesionales capaces de acompañar, sostener y acoger de manera ética, crítica e informada a quienes han sobrevivido a este delito?
Una deuda estructural: la formación profesional especializada
Las universidades tienen la responsabilidad social de formar profesionales que no solo comprendan los aspectos legales del delito de trata, sino que puedan acompañar desde un enfoque de derechos humanos, género, trauma e interculturalidad. Sin embargo, la formación especializada en trata de personas sigue siendo prácticamente inexistente en la mayoría de los programas de pregrado, posgrado y formación continua en Chile.
¿Cómo se acompaña a una persona que ha sido explotada si no se comprenden las múltiples vulnerabilidades que confluyen en ese proceso? ¿Qué sucede cuando, además, la víctima es migrante y se intersectan múltiples formas de discriminación como la xenofobia, el racismo y el sexismo?
Los estereotipos, prejuicios y desconocimiento que circulan en nuestra sociedad también habitan en quienes ejercen profesionalmente. En contextos de atención, esto puede traducirse en revictimización, negligencia o intervenciones inadecuadas. Sin formación crítica, es imposible entender —por ejemplo— que el “consentimiento” en estos casos no puede leerse desde una lógica simplista o meramente jurídica.
El impacto emocional del trabajo con sobrevivientes
Escuchar, contener y acompañar relatos marcados por la violencia extrema no solo exige formación técnica, sino también espacios de cuidado, acompañamiento y supervisión profesional. La falta de formación y el abandono institucional también afectan a quienes trabajan directamente con víctimas, generando desgaste emocional, burnout y una alta rotación de profesionales en equipos psicosociales y jurídicos.
Los programas estatales de atención, muchas veces desarrollados con recursos escasos y condiciones laborales precarias, no garantizan la estabilidad ni la capacitación permanente de sus equipos. Esta precarización estructural no solo afecta a los profesionales, sino que impacta directamente en la calidad de atención que reciben las personas sobrevivientes.
¿Un curso de dos horas basta?
Desde hace años, se ofrecen capacitaciones ocasionales a través de la Mesa Intersectorial de Trata como parte del Plan Nacional. Sin embargo, ¿es suficiente una charla o curso breve para abordar la complejidad del fenómeno de la trata? Claramente no. La formación debe ser continua, profunda y articulada a los marcos éticos y técnicos actuales. Debe incluir debates sobre consentimiento, explotación, violencia de género, trauma complejo, interculturalidad, derechos humanos y políticas migratorias.
Así como se promueve —con razón— la implementación de una Ley de Educación Sexual Integral, es necesario exigir una formación robusta y especializada en trata de personas como parte del currículo obligatorio en carreras como Psicología, Trabajo Social, Derecho, Medicina, Enfermería y Educación.
La invisibilización académica también es violencia
Las universidades no pueden seguir ausentes. La trata de personas no es invisible, la invisibilizan. Y en ese proceso, las instituciones de educación superior han sido y son parte del problema.
Incluir esta problemática en la formación universitaria no es solo un acto académico; es una responsabilidad ética y política.
Como Coordinadora Nacional de RATT.Chile, organización comprometida con la prevención, visibilización y erradicación de la trata de personas, sostengo que sin universidades comprometidas no habrá respuestas integrales. Es hora de exigirles un rol activo, no solo en la generación de conocimiento, sino en la formación de profesionales capaces de intervenir con responsabilidad, sensibilidad y justicia.