Hace unas semanas, el presidente electo José Antonio Kast viajó a la frontera entre República Dominicana y Haití, donde se mostró frente al muro que el gobierno dominicano comenzó a construir en 2022 como emblema de su política migratoria, en un gesto que apuntaba a observar, aprender y eventualmente replicar ese modelo de control fronterizo en Chile.
Sin embargo, detrás de esa imagen del muro se superponen dos planos que exigen un análisis serio y político, uno vinculado a la supuesta eficacia del esquema dominicano y otro, más delicado, relacionado con el impacto geopolítico que implica convertir la frontera haitiana en referencia para debates que trascienden al propio Haití. Entre ambos planos se juega algo más que una discusión migratoria, ya que también se define la manera en que Chile entiende su rol frente a una crisis regional cuyo tratamiento no puede reducirse únicamente a la puesta en escena de firmeza fronteriza.
Si el primer plano de la visita del presidente electo remite a la supuesta eficacia del modelo dominicano, los datos disponibles permiten examinar esa premisa con mayor detenimiento. La frontera terrestre entre República Dominicana y Haití se extiende por aproximadamente 376 a 391 kilómetros. Desde que se inició la construcción del muro en 2022, y tras cuatro años de trabajos, apenas unos 54 kilómetros se encuentran en proceso de finalización. Además, esos tramos no cubren las zonas más utilizadas para el cruce irregular, de modo que la mayoría de los ingresos no se produce saltando la barrera ya construida, sino por sectores donde simplemente no existe. Pues La imagen del muro proyecta contundencia, pero su presencia real en el territorio sigue siendo fragmentaria.
Las cifras de deportación permiten observar el fenómeno desde otro ángulo. En 2024 República Dominicana realizó 276.215 expulsiones de ciudadanos haitianos y en 2025 la cifra ascendió a 379.553. Si el muro estuviera produciendo un efecto estructural de contención, sería razonable esperar una disminución progresiva de esas cifras. Lo que se registra, en cambio, es un crecimiento. Incluso podría afirmarse que, por cada tramo anunciado como avance en la construcción, el ingreso clandestino continúa en niveles que obligan a mantener o incrementar las expulsiones.
Este funcionamiento revela un patrón particular. La política migratoria parece sostenerse en operativos constantes de detención y expulsión más que en una reducción estable del cruce irregular. En muchos casos, las deportaciones se realizan por la mañana y el mismo día, o al poco tiempo, las personas regresan por otro punto de la frontera. Ello significa que las cifras anuales pueden incluir reiteradas expulsiones de las mismas personas, lo que transforma la estadística en un ciclo repetitivo más que en un indicador de solución definitiva. En ese contexto, el muro no ha alterado de manera sustantiva la dinámica fronteriza, sino que ha coexistido con ella mientras el maltrato y las expulsiones se convierten en el instrumento principal de gestión.
Frente a este panorama, la discusión deja de ser puramente cuantitativa. Si el control se mide por el aumento de expulsiones, la pregunta es simple: ¿se trata de una política que funciona o de una que necesita repetirse constantemente para sostener su propia imagen de efectividad? Si el modelo se apoya en operativos reiterados, entonces lo relevante es saber qué tipo de forma de control se está tomando como referencia. Más allá del discurso sobre el orden, importa observar qué prácticas concretas acompañan ese funcionamiento. Desde ahí cobra sentido preguntarse qué lectura política justifica elegir ese esquema como punto de referencia.
Si el ejemplo que se busca imitar no es precisamente el control fronterizo, cuyos resultados ya muestran límites evidentes, entonces la cuestión se desplaza hacia el conjunto de dinámicas que componen esa política migratoria en su aplicación diaria, es decir, hacia la forma en que el control se ejerce dentro del territorio y sobre personas específicas. En ese contexto, el uso del perfil racial funciona como criterio de acción: la deportación de ciudadanos dominicanos negros confundidos con haitianos ocurre de manera reiterada, mientras haitianos blancos y mestizos enfrentan menores niveles de fiscalización, lo que evidencia que la selectividad no se activa únicamente por nacionalidad, sino también por apariencia, convirtiendo el color de piel en un factor de identificación y sospecha.
En ese mismo contexto se producen arrestos de mujeres en hospitales en pleno trabajo de parto, quienes son retiradas del recinto asistencial y trasladadas en camiones de detención junto a otras personas arrestadas, donde terminan dando a luz sin asistencia médica. A ello se suma que, cuando se producen detenciones de trabajadores haitianos dentro del territorio dominicano, algunos agentes aprovechan para exigir sobornos a cambio de permitir su permanencia, utilizando la irregularidad migratoria como mecanismo de presión económica. Asimismo, es una práctica extendida esperar el día en que el trabajador haitiano recibe su sueldo para asegurar el cobro antes de proceder a la deportación, de modo que la retención funciona primero como mecanismo de recaudación y luego como expulsión que los deja sin recursos. Estas dinámicas han sido señaladas en informes internacionales, en denuncias de organizaciones de derechos humanos y en registros difundidos de manera constante en redes sociales. También se han documentado episodios de violencia por parte de agentes migratorios, incluyendo casos en que personas detenidas han muerto bajo custodia.
Si el viaje tuvo como propósito observar un modelo ejemplar, resulta pertinente preguntarse si son precisamente estas formas de actuación las que se buscan trasladar a Chile, tomando como referencia un sistema migratorio que institucionaliza la selectividad racial y convierte la demostración de fuerza sobre los más vulnerables en parte de su funcionamiento.
Considerando que Chile dispone de una base institucional seria y relativamente consolidada, más allá de las controversias que pueda generar un gobierno en particular, esa visita no puede reducirse a un intercambio técnico. Bajo la apariencia de cooperación, este tipo de desplazamientos también puede operar como señal política, situando la discusión en un plano que excede lo estrictamente bilateral y pasa a formar parte de una lógica geopolítica regional.
Durante su visita, Kast declaró que lo importante es trabajar para que exista seguridad en Haití, de modo que los haitianos puedan volver con tranquilidad a su país. La frase puede sonar razonable e incluso solidaria. Sin embargo, pronunciada inmediatamente después de reunirse con el presidente dominicano en la frontera haitiana, adquiere otra dimensión política. Hablar de “seguridad” en Haití obliga a examinar cómo se produce esa inseguridad, quiénes intervienen en su configuración y bajo qué esquemas se pretende “restablecerla”, especialmente cuando la historia reciente demuestra que las fórmulas externas de estabilización rara vez han sido neutrales.
Un informe del Grupo de Expertos de la ONU señala que la mayoría de las armas de fuego y municiones en circulación en Haití son fabricadas o adquiridas originalmente en Estados Unidos y llegan al país directamente a través de la República Dominicana. Parte central del poder armado de las pandillas que hoy controlan ciudades haitianas se alimenta, por tanto, de flujos que atraviesan los mismos territorios que luego se presentan como barrera frente a la migración. Se habla de muros para frenar personas, pero no se menciona con la misma energía el tránsito de armas que fortalece la violencia que luego se invoca como justificación del control.
Chile, además, no es un actor ajeno en la historia reciente haitiana. En 2004, tras el derrocamiento del presidente Jean-Bertrand Aristide, en un contexto de acciones y declaraciones presidenciales que difícilmente permiten sostener la idea de completa neutralidad, el país participó activamente en la intervención de Naciones Unidas, conocida oficialmente como MINUSTAH y vivida por los haitianos como una invasión. Más recientemente, el 7 de febrero de 2026, Estados Unidos desplegó tres barcos militares frente a las costas haitianas para presionar la transferencia del poder hacia una figura respaldada por Washington, pese a que esa misma figura, en su calidad de primer ministro, había sido revocada legalmente por el Consejo Presidencial. La presencia militar impidió de facto la revocación y exigió la entrega del poder, concentrándolo en el primer ministro como único jefe de Estado. El propio embajador estadounidense publicó mensajes exigiendo esa transferencia, acompañados de imágenes de los barcos de guerra. Sobre ese episodio, la prensa internacional mantuvo un silencio llamativo, mientras el gobierno chileno respaldó la postura de Washington, enviando autoridades y efectivos policiales y así contribuyendo a consolidar una transferencia de poder que amplios sectores haitianos vivieron como una imposición marcada por la impotencia y el pisoteo de su soberanía.
Hoy Haití enfrenta el control de múltiples ciudades por parte de pandillas armadas y una crisis institucional profunda. La migración actual es, en gran medida, desplazamiento interno de familias que huyen de la violencia dentro del propio territorio. Sin embargo, la experiencia histórica muestra que cada intervención externa y cada reconfiguración política impulsada desde fuera han terminado ampliando el éxodo internacional.
Se configura así una contradicción estructural: los mismos actores internacionales que inciden en la configuración política haitiana aparecen luego como destino de quienes huyen de las consecuencias de esa inestabilidad. En ese marco, hablar de seguridad en Haití sin considerar el impacto de las intervenciones externas resulta incompleto, y proponer frenar la migración sin asumir responsabilidades geopolíticas convierte el debate en una narrativa parcial.
Si Chile aspira a una política migratoria seria, debe discutirla con datos verificables, con institucionalidad sólida y con pleno respeto a los derechos humanos. Lo que no puede hacer es convertir un muro inconcluso y una política cuestionada en símbolo de solución.
Porque cuando el muro se transforma en gesto político, la crisis humana corre el riesgo de reducirse a escenografía. Y Haití no es una escenografía: es un país cuya soberanía y estabilidad no pueden seguir siendo variables secundarias en el debate interno de otros Estados.