En el contexto de las recientes denuncias sobre posibles vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) haitianos en procesos de reunificación familiar, consideramos necesario recordar que durante los últimos años se ha evidenciado un aumento de las barreras que afectan la protección de la niñez migrante y de hijos e hijas de personas migrantes en Chile.
Durante la pandemia y el período posterior, organizaciones haitianas y de la sociedad civil denunciamos diversas dificultades que limitaron el ejercicio del derecho a la unidad familiar. Entre ellas, la exigencia de permanencia definitiva para solicitar la reunificación familiar, obstáculos para obtener documentación desde el país de origen, demoras excesivas en la tramitación de visas y situaciones de irregularidad migratoria que afectaron tanto a personas adultas como a niños y niñas.
Asimismo, se registraron casos que evidencian graves falencias institucionales, como el incumplimiento de fallos judiciales relacionados con reunificación familiar y la devolución de niños y niñas haitianos que contaban con visas vigentes, sin considerar adecuadamente el interés superior del niño ni activar mecanismos de protección.
Frente a estas situaciones, observamos una respuesta estatal insuficiente y, en ocasiones, la ausencia de medidas oportunas y efectivas basadas en el enfoque de derechos humanos para garantizar la protección integral de la niñez migrante.
Recientemente la Contraloría General de la República realizó una investigación especial sobre el ingreso de personas de nacionalidad haitiana a Chile. El reporte preliminar de dicha investigación señala una serie de problemas entre ellos:
- Falta de coordinación entre el SERMIG, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez, en el resguardo de NNA.
- Falta de revisión por parte del SERMIG de los datos auto reportados por los solicitantes de permisos de reunificación familiar.
- Ausencia en el SERMIG de protocolos formales que regulen ante situaciones de fallecimiento de vínculos familiares de menores de edad.
- Estampados electrónicos sin número ni código de verificación de autenticidad emitidos por el SERMIG.
- Carencia de procedimientos y protocolos en materia de control migratorio en la PDI.
- Falta de formalización del procedimiento sobre entrega de NNA en la PDI.
- Registros erróneos informados por la PDI.
- Discrepancia en la condición migratoria informada por la PDI y la base de datos del SERMIG.
- Falta de evidencia de la validación por parte de la PDI respecto del adulto que acompaña a NNA durante el vuelo y de la autorización del viaje.
- Debilidades en el control y seguimiento oportuno por parte de la Subsecretaría de la Niñez y de las Oficinas Locales de la Niñez, del estado de los NNA ingresados al país por reunificación familiar.
- NNA no encontrados durante la visita a terreno.
Frente a todo lo anterior expresamos nuestra solidaridad con la comunidad haitiana en Chile, especialmente con los niños, niñas y adolescentes que han sido afectados por diversas vulneraciones de derechos en el contexto de los procesos de reunificación familiar.
Valoramos toda acción de las instituciones del Estado orientada a garantizar la protección integral de la infancia, particularmente de aquellos grupos que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad. En este sentido, esperamos que la investigación sobre el reciente ingreso de niñez haitiana al país permita esclarecer los hechos, identificar eventuales vulneraciones de derechos y adoptar las medidas necesarias para su reparación y protección efectiva.
Asimismo, consideramos indispensable que las instituciones involucradas, entre ellas el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones y la Subsecretaría de la Niñez, implementen y fortalezcan protocolos, mecanismos de coordinación y resguardos que aseguren la protección de los niños y niñas y la adecuada gestión de los procesos de reunificación familiar.
De igual manera, resulta urgente que el Estado desarrolle programas especializados para la protección de la niñez migrante y refugiada, promoviendo un trabajo interinstitucional permanente que permita monitorear y garantizar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente, hacemos un llamado a fortalecer la protección de la unidad familiar y a adoptar medidas que faciliten el reencuentro seguro y digno de los niños y niñas con sus familias.
Colectivo Sin Fronteras