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EL FENÓMENO MIGRATORIO EN LOS GOBIERNOS POST DICTADURA: ¿MEDIDAS A CORTO PLAZO?

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El alcance y rapidez de la globalización ha transformado tanto a las sociedades como las pautas migratorias, siendo hoy la inmigración uno de los temas prioritarios en la agenda política de Chile. Cifras de la ONU muestran, en 2015, un aumento de 41% de migrantes internacionales respecto al año 2000, siendo Europa, Asia y América del Norte las regiones con mayor concentración de migrantes.

Hoy el panorama se ve un poco engorroso. El 2016 ha estado marcado por un contexto de desaceleración económica, por el impacto del Brexit en el mundo, por el endurecimiento de políticas migratorias europeas, y en otro orden de cosas, ha por la llegada de Donald Trump al poder y su polémica forma de “proteger” la ciudadanía estadounidense frente al fenómeno migratorio. Todo aquello ha provocado en la región un retorno de inmigrantes latinoamericanos que se vieron afectados por estas medidas y que, buscado mejores condiciones de vida, han escogido otros destinos para migrar.

Las economías emergentes de Asia, América Latina, y en menor medida África se han convertido en destinos cada vez más atractivos. Este cambio en los flujos migratorios obliga a presionar por nuevos programas y políticas de gestión acorde al contexto internacional.

Esta necesidad no ha dejado indiferente a Chile. Hoy, el país enfrenta a lo que se ha denominado una “nueva inmigración”. Tras el retorno de la democracia, la estabilidad política, las condiciones de paz, y la seguridad económica que proyectaba el país al mundo, Chile pasó de país de emigrantes -sobre todo en periodo de dictadura- a país receptor de inmigrantes.

Esta nueva ola obedece a factores económicos, y según la OIM, se caracteriza por estar compuesta en gran parte por ciudadanos de países sudamericanos, principalmente mujeres en edad de trabajar. Se concentran en ciudades grandes como Santiago o Antofagasta, y tiene una inserción laboral precaria y segmentada en el mercado laboral.

El nuevo escenario impone un cambio de política, una que responda ante la rapidez y dinamismo de los sucesos y repercusiones. Ante ello, Chile ha modificado paulatinamente, pero con dificultad, su política migratoria, respondiendo de forma parcial al actual contexto nacional. Y recalco “parcial” porque la “Política Nacional Migratoria” que tanto se discute, tiene como base la “Ley de Extranjería” creada en dictadura con un enfoque totalmente distinto al que demanda el actual escenario.

A diferencia del activo debate que produce el sistema de salud, pensiones o educación, el fenómeno migratorio no ha sido relevante para los gobiernos post dictadura. Tras el retorno a la democracia, los gobiernos de la Concertación impulsaron medidas con el fin de fortalecer la gestión migratoria. El gobierno de Patrio Aylwin (1990-1994) inició un proceso de modificación a la Ley de Extranjería, el cual recogió compromisos internacionales asumidos por Chile en relación a los refugiados. Tema que, por cierto, tocó mucho al país considerando su historia política y social.

Durante el gobierno de Eduardo Frei (1994-2000) se realizó el primer y único proceso de regulación migratoria beneficiando con permisos de residencia, tanto temporal como definitiva, a casi sesenta mil extranjeros. Pero fue recién bajo el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) donde se hicieron mayores modificaciones. Bajo la idea de construir una nación donde prevalezca la igualdad ante la ley y en el trato, durante su gestión se consideró por primera vez el análisis y discusión de distintos actores de la sociedad civil a través de la “comisión de política migratoria” que tenía por objetivo estudiar y analizar el fenómeno.

Siguiendo con el proceso de modernización, el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) incluyó varias mejoras a la política migratoria a través del instructivo Presidencial Nº009 de 2008. Estas medidas impartieron instrucciones a las distintas Secretarías de Estado sobre las primeras directrices de la Política Nacional Migratoria y su eventual implementación. Por un lado, se realizaron compromisos para modernizar el marco jurídico con el fin de resguardar los derechos humanos y, por otro, se buscó insertar los inmigrantes a la sociedad de acogida.

El primer gobierno de derecha desde el retorno a la democracia, de Sebastián Piñera (2010-2014), tuvo como iniciativa modernizar la “Ley de Extranjería”. En el nuevo proyecto de ley enviado – Boletín 8970-06 – se detallan derechos y deberes de los migrantes, se crean nuevas categorías migratorias y moderniza la institucionalidad  con la creación de la División de Migraciones, departamento bajo el alero de la Subsecretaría del Interior. Lamentablemente ese proyecto de ley aún descansa en el Congreso, sin avances concretos.

El 2014 trajo nuevamente al poder a la Presidenta Michelle Bachelet, pero esta vez sin avances significativos en materia de migración, en comparación a su administración anterior. Aunque el tema fue parte del programa de gobierno, no se le dio el peso necesario como a otras iniciativas. Con la reforma laboral, la reforma educacional, y la nueva Constitución, la discusión en torno al fenómeno migratorio había estado oculta. Ejemplo de ello fue la ausencia del tema en las dos cuentas públicas que la Presidenta ha hecho frente al Congreso cada 21 de mayo.

En síntesis, en los gobiernos de la Concertación y Coalición por el Cambio (hoy Chile Vamos) han existido iniciativas parciales para crear una política migratoria inclusiva y moderna, pero no en todos los casos ha existido un avance significativo para concretarlo. Si bien modernizar la Política Nacional Migratoria ha sido parte de la agenda gubernamental, ésta ha tardado mucho en tener un rol protagónico en el espectro de políticas impulsadas por los gobiernos de ambas coaliciones.

Desde su creación, los principales cambios en la legislación han sido administrativos respondiendo al corto plazo. Esto ha traído varios problemas, entre ellos, un aumento de la desigualdad, pobreza, y en ocasiones, violaciones a los derechos humanos.

Aunque ha sido parte en mayor o menor medida de los distintos gobiernos, el tema no ha logrado posicionarse en la agenda. ¿Qué hacer con la “Política Nacional Migratoria” ante una demanda creciente de inmigrantes? ¿Cómo resguardar los derechos y fomentar los deberes de la ciudadanía y de los inmigrantes? O ¿cómo se debe situar en la agenda política el tema migratorio?

Parte de las respuestas a estas preguntas se encuentran en los esfuerzos de la Presidenta Bachelet por generar cambios en esta normativa. A través de la creación el 2014 del Consejo Nacional de Política Migratoria, se buscó elaborar un nuevo proyecto de ley -que se presentó al Congreso Nacional a principios del 2016 y del cual aún se trabaja. Las principales funciones del Consejo son analizar el fenómeno migratorio, generar propuestas que regulen los efectos de la migración, y servir de instancia de coordinación eficiente entre los agentes estatales y la sociedad civil.

Hoy el Estado debe asumir cierta responsabilidad ante el fenómeno migratorio, y sus efectos sobre la economía, la cultura y la sociedad. Es ahí donde se encuentra el espacio de mayor debate político y social. Si bien, en un principio, se vio como un fenómeno aislado, la migración en el país hoy es una realidad palpable que si no se aborda con miras a largo plazo afectará otras áreas del sistema público como la salud, el sistema de pensiones, la educación, seguridad, y lo laboral. Así, el punto que más ha generado debate es la carente modernización de la política migratoria chilena que abarque la multidimensionalidad del fenómeno. La mayoría de los gobiernos post dictaduras han dado pequeñas pinceladas, pero nadie se ha atrevido a pintar con brocha gorda una política migratoria moderna e inclusiva.

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Columnas

Licenciada en Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Sus principales áreas de interés son las relaciones internaciones y los temas migratorios. Ha trabajado en proyectos internacionales relacionados con el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este, y proyectos sociales como “Iniciativa Diplomacia Humanitaria”.

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