Cada 20 de junio, el mundo conmemora el Día Mundial del Refugiado, una fecha que recuerda la valentía de quienes se ven obligados a huir de sus hogares para salvar sus vidas. Chile, país firmante de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, e impulsor de una Ley de Refugio (N.º 20.430), ha proyectado históricamente una imagen de solidaridad. Sin embargo, la distancia entre ese marco legal y su implementación práctica es cada vez más preocupante.
Durante los últimos años, Chile ha endurecido su política migratoria y de refugio. Nuevas normativas como la Ley 21.655/2024 y restricciones en el Decreto 837/2011 han elevado las barreras para acceder al reconocimiento de la condición de refugiado. Estas disposiciones incluyen requisitos excluyentes, como no haber estado en tránsito por otro país o no haber solicitado refugio en una nación previa, lo que contradice los estándares internacionales y ha dejado a miles sin acceso siquiera al procedimiento de asilo, particularmente en zonas fronterizas del norte.
Este giro restrictivo choca con el espíritu de acogida que Chile enarboló en años anteriores, cuando recibió a familias sirias a través de programas de reasentamiento, bajo el lema “Chile, país de acogida”. Hoy, la militarización de las fronteras, las reconducciones y la criminalización de personas refugiadas evidencian un enfoque securitista donde la seguridad ha desplazado al respeto por los derechos humanos.
El resultado es claro: Chile ostenta una tasa de reconocimiento de refugio, con apenas un 3% de aceptación anual. Esto contrasta con la realidad de países como Venezuela y Haití, de donde proviene gran parte de quienes solicitan protección. A la ya dura situación de quienes huyen de contextos de violencia, se suma un sistema que impone obstáculos adicionales: procesos burocráticos lentos, falta de asistencia legal, criterios dispares, demoras de años en la resolución de casos y una preocupante falta de programas de integración.
Quienes reciben una respuesta negativa no sólo pierden la posibilidad de protección internacional, sino que también enfrentan riesgos de expulsión, quedan en situación migratoria irregular y se ven excluidos de derechos básicos. La alternativa de la “protección complementaria”, establecida en la ley 21.325/2024, resulta limitada y casi simbólica: solo contempla casos de violencia de género o por orientación sexual y requiere pruebas difíciles de reunir.
En este contexto, el Proceso Cartagena +40, liderado por Chile en 2024, ofrece una oportunidad para reorientar el enfoque del país. La Declaración de Santiago y su Plan de Acción 2024-2034 llaman a soluciones duraderas, protección efectiva y respeto por los derechos de las personas refugiadas, desplazadas y apátridas. El desafío está en traducir estos compromisos en acciones concretas: garantizar el acceso al territorio, permitir la solicitud de refugio en fronteras, mejorar la capacitación de funcionarios, asegurar documentos de identidad provisionales y establecer mecanismos efectivos de integración.
Organizaciones sociales insistimos en manifestar la necesidad de que se aplique la definición ampliada de refugiado de la Declaración de Cartagena, que contempla contextos de violencia generalizada y crisis humanitarias, tal como lo permite la ley chilena. También exigimos mayor transparencia y control sobre los criterios del Servicio Nacional de Migraciones, la reducción drástica de los tiempos de espera, y una protección real durante todo el procedimiento.
Chile está ante una encrucijada. Puede reafirmar su rol en la tradición latinoamericana de solidaridad y acogida, o continuar por la senda de la exclusión. En este Día Mundial del Refugiado, no basta con los discursos. El respeto a la vida y la dignidad de quienes buscan protección debe convertirse en política pública concreta, efectiva y humana.
Santiago, Junio 16 de 2025
Firman,
Organización de Colombianos Refugiados en Chile-OCORCH
Colectivo Habla Mujer
Asociación De Exiliados Peruanos En Chile
Raíces de Resistencia
Colectivo Amauta
Comisión De Refugio Coordinadora Nacional de Migrantes