Conmemorar el Día Internacional del Migrante en Chile obliga a situar la discusión en su contexto actual. No se trata de una fecha aislada ni solo simbólica, sino de una conmemoración que ocurre en un país atravesado por tensiones sociales no resueltas y por un debate migratorio cada vez más cargado de simplificaciones y disputas políticas. En un escenario post-electoral, la migración ha dejado de ser pensada como un fenómeno social complejo para transformarse en un problema que se administra desde el lenguaje del orden, la seguridad, la urgencia y, muchas veces, de la violencia y la opresión.
Hablar de migración hoy implica, por tanto, algo más que referirse a quienes llegan o residen en el país. Supone interrogar la manera en que Chile ha ido definiendo sus límites, sus jerarquías y su proyección colectiva. No es solo un debate sobre el presente, sino sobre las decisiones que se están tomando y las que se buscan evitar frente a una realidad que ya forma parte de la estructura social del país.
Chile no solo recibe personas que llegan hoy. Desde su origen, ha sido un territorio marcado por movimientos humanos diversos: algunos alentados, promovidos y protegidos; otros resistidos, vigilados o directamente rechazados. El país abrió puertas cuando la migración fue entendida como una vía para hacer florecer un determinado proyecto nacional y levantó barreras frente a otras formas de migración percibidas como una amenaza. Esa distinción no ha sido neutra. Ha estado atravesada por criterios sociales, económicos y también por una lógica pigmentaria heredada de un largo proceso de blanqueamiento, que ha influido en quiénes contaron con apoyo estatal y quiénes quedaron expuestos a la sospecha permanente y a formas abiertas o encubiertas de represión.
El debate actual tiende a deshistorizar esta trayectoria. Se privilegia la discusión sobre legalidad, control o expulsión, como si la migración pudiera resolverse únicamente desde lo administrativo. Sin embargo, lo que está en juego es la dificultad de asumir que la migración no es un episodio transitorio ni excepcional, sino una realidad que forma parte del presente del país y que seguirá influyendo en su futuro.
Pensar la migración solo como un problema a gestionar impide ver una dimensión central del proceso y sus efectos a mediano y largo plazo en la convivencia social. No se trata únicamente de quienes migran hoy, sino de las vidas que se están formando en este país. Miles de niños y niñas chilenos crecen en hogares atravesados por la precariedad, el miedo y la incertidumbre que generan políticas y discursos que estigmatizan a sus familias, simplemente por ser hijos de migrantes.
La violencia no se limita a los actos visibles. También se expresa en la normalización del hostigamiento, en la sospecha constante y en la exclusión cotidiana. Cuando estas experiencias se repiten y se vuelven parte del entorno habitual, dejan huellas. Esos niños, en pocos años más, serán jóvenes chilenos que no solo recordarán lo vivido, sino que también exigirán reconocimiento y derechos en una sociedad que hoy parece no querer mirarlos.
Ignorar esta dimensión no elimina el conflicto, lo posterga. Pensar la migración sin considerar sus consecuencias sociales futuras es una forma de irresponsabilidad política, porque lo que hoy se presenta como control u orden puede convertirse mañana en fractura, resentimiento y una convivencia cada vez más difícil de sostener.
No serán jóvenes ajenos a la realidad que los rodea. Serán jóvenes formados, informados y conscientes, precisamente porque han crecido en un país que les exigió enfrentar el miedo, la precariedad y la injusticia mientras otros niños podían simplemente jugar. A diferencia de sus padres, que nacieron y crecieron en sus países de origen, muchos de estos niños han nacido en Chile sintiéndose extranjeros, incluso cuando su nacionalidad dice lo contrario. Esa experiencia no produce indiferencia, produce criterio.
Por eso, cuando desde ciertos espacios se intente volver a instalar la idea de que la migración es responsable de la inseguridad, estos jóvenes tendrán con qué responder. Sabrán que los propios datos del Estado muestran que las personas migrantes representan solo entre un 3% y un 5% de los imputados por delitos en el país, y que en el caso de los delitos violentos esa cifra no supera el 6%, muy lejos del relato que suele amplificarse desde la prensa sensacionalista. Y cuando se insista en presentar a la migración como una carga para el país, también podrán recordar que, aun representando cerca del 8,7% de la población, los migrantes aportan más del 10% del Producto Interno Bruto, y que en la última década su trabajo impulsó la mitad del crecimiento económico del país.
Pero no solo sabrán discutir cifras. También sabrán cuándo protestar. Porque haber crecido bajo la sospecha permanente enseña a reconocer la injusticia y a no aceptar como normal aquello que no lo es. Tal vez entonces el debate público y las campañas electorales ya no puedan sostenerse en el miedo ni en el odio al migrante, y los proyectos políticos se vean obligados a elevar su nivel. Quizás, en ese momento, los gobiernos comiencen a elegirse por la solidez de sus propuestas y no por la capacidad de señalar a un enemigo.
El Día Internacional del Migrante incomoda porque obliga a mirar más allá del presente inmediato. No interpela solo a las políticas públicas ni a los gobiernos de turno, sino a la sociedad que legitima ciertas respuestas y naturaliza otras. Las decisiones que hoy parecen funcionales, pragmáticas o electorales no se agotan en el corto plazo: dejan marcas, producen memorias y configuran relaciones que no desaparecen con un cambio de agenda.
Conmemorar esta fecha supone reconocer que la forma en que una sociedad enfrenta la migración revela mucho más que una política sectorial: expone sus jerarquías, sus temores y sus límites éticos. La pregunta, entonces, no es si Chile puede convivir con la migración, sino si está dispuesto a asumir las consecuencias políticas y sociales de haber convertido ese fenómeno en un terreno de disputa, control y exclusión.