Un análisis inspirado del juez integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Eugenio Raúl Zaffaroni revela que los tribunales de familia chilenos operan con una lógica selectiva: institucionalizan a los hijos de familias pobres, migrantes y racializadas, no porque exista mayor riesgo para sus derechos, sino por decisiones políticas que criminalizan la pobreza.
Cuando se habla de protección de la infancia en Chile, el discurso oficial insiste en la neutralidad técnica, en la aplicación objetiva del “interés superior del niño” y en la labor especializada de los tribunales de familia. Sin embargo, las trayectorias de miles de niños, niñas y adolescentes muestran otra realidad: la sobreinstitucionalización infantil no es un fenómeno excepcional ni aleatorio, sino profundamente selectivo y con formas estructurales de vulneración.
Chile suele pensar la protección de la niñez como un asunto técnico, administrativo o meramente judicial. Pero cuando se observa quiénes son los niños que terminan separados de sus familias y creciendo en residencias, la idea de neutralidad se derrumba. Aplicar las tesis críticas de Zaffaroni al ámbito de la justicia de familia permite iluminar una verdad incómoda: los tribunales de familia también ejercen poder punitivo, aunque lo hagan bajo el lenguaje del cuidado.
La selectividad del sistema: pobres, migrantes y/o racializados
Zaffaroni ha demostrado que el sistema penal no persigue delitos en abstracto, sino que selecciona personas, territorios y biografías marcadas por la exclusión social (Zaffaroni, 2011; 2012). Esa lógica —lejos de limitarse a cárceles y tribunales penales— se reproduce en los tribunales de familia, aunque revestida de un discurso protector.
En Chile, según datos oficiales del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), 5.095 niños, niñas y adolescentes se encontraban en residencias en 2025, mientras 10.353 estaban en familias de acogida (Publimicro, 2025). Entre ellos, más de 700 menores de 3 años vivían en residencias, a pesar de que la Ley 21.430 establece que esta medida debe ser excepcional y transitoria (El Mostrador, 2026; ).
Este fenómeno contrasta con el principio de apoyo familiar que busca la norma, demostrando que la institucionalización continúa siendo una respuesta recurrente, no excepcional (decisión de último ratio).
Decisiones políticas bajo el manto de la judicatura
Uno de los aportes centrales de Zaffaroni es la idea del “colchón medio”: ese espacio de discrecionalidad donde no existe una respuesta obligatoria y donde el Estado decide si castiga o no castiga (Zaffaroni, 2012). En el ámbito de la infancia, ese colchón se expresa con claridad en los tribunales de familia.
Ante una situación de vulneración, el juez o jueza puede optar por fortalecer a la familia mediante apoyos reales o, por el contrario, separar al niño e ingresarlo a una residencia. En Chile, ese margen se resuelve con demasiada frecuencia a favor de la institucionalización.
No porque sea la mejor opción técnica, sino porque es más rápida, menos costosa políticamente y funcional a un Estado que no garantiza derechos sociales básicos. Separar a un niño de su familia es administrativamente sencillo; desplegar políticas de vivienda, salud mental, ingresos mínimos y cuidados comunitarios exige voluntad política e inversión sostenida.
Cuando faltan políticas sociales robustas, los tribunales de familia terminan administrando la pobreza mediante la separación familiar. Esta no es una necesidad jurídica: es una decisión política.
Violencia institucional bajo el discurso del cuidado
La crítica más profunda apunta a la institucionalización como forma de “protección”. Separar a un niño de su familia sin haber agotado todas las medidas de apoyo vulnera el derecho a vivir en familia, reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional ratificado por Chile.
El lenguaje protector no elimina el daño. El encierro “por protección” sigue siendo encierro. Las residencias implican desarraigo, ruptura de vínculos afectivos y, en muchos casos, condiciones inadecuadas. Según informes sobre el sistema de protección, alrededor del 40–52% de las residencias presentan problemas de hacinamiento o sobrecupo, lo que agrava las vulneraciones vividas por los mismos menores que supuestamente se busca proteger (La Tercera, 2024; Mala Espina Check, 2024; ).
Zaffaroni insiste en que el rol del juez no es expandir el poder punitivo del Estado, sino contenerlo (Zaffaroni, 2012). Aplicado a la justicia de familia, esto implica una obligación ética y jurídica clara: no reproducir violencia institucional en nombre del cuidado. Cuando la institucionalización se vuelve la regla y no la excepción, el tribunal deja de ser garante de derechos y pasa a ser gestor de exclusión social.
Testimonios desde la judicatura confirman las falencias
Profesionales que trabajan en tribunales de familia reconocen las debilidades estructurales del sistema. Abogados y abogadas con larga trayectoria advierten disparidad de criterios, falta de jueces, recursos insuficientes y deficiencias en la formación de funcionarios.
También alertan sobre la precariedad de las instituciones conexas —como los dispositivos del sistema de protección— y la ausencia de peritajes de calidad y gratuitos, lo que profundiza la desigualdad en el acceso a la justicia. En este contexto, la separación familiar se convierte en la respuesta fácil frente a problemas complejos.
La infancia no necesita más tutela, necesita más derechos
Cerrar residencias o cambiar nombres institucionales no basta. Mientras los tribunales de familia sigan operando bajo una lógica tutelar y punitiva encubierta, la niñez vulnerable seguirá siendo objeto de control y no sujeto de derechos.
La verdadera desinstitucionalización exige una decisión política clara: limitar el poder estatal de separar familias, fortalecerlas con políticas sociales reales y confiar en las capacidades de las comunidades para cuidar a sus niños.
Porque, como sintetiza con crudeza este enfoque inspirado en Zaffaroni:
la infancia no fracasa; lo que fracasa es un Estado que, en lugar de garantizar derechos, elige encerrar a quienes no encajan en su modelo de normalidad.