Para contextualizar, cabe recordar que el Trabajo Social chileno tiene una trayectoria temprana dentro de América Latina. La primera escuela de Servicio Social fue fundada en 1925 bajo el impulso del médico Alejandro del Río, en el contexto de las reformas sanitarias y de beneficencia pública de comienzos del siglo XX. Su propósito era profesionalizar la asistencia social que hasta entonces se realizaba principalmente desde la caridad o la filantropía. Las primeras «visitadoras sociales» investigaban las condiciones de vida de las familias trabajadoras, colaboraban con el sistema de salud y contribuían a articular redes de apoyo social. Con el desarrollo del Estado social durante las décadas siguientes, el Trabajo Social amplió su campo de acción hacia áreas como vivienda, infancia, previsión social y educación. Durante los años sesenta, el Trabajo Social latinoamericano vivió una etapa de fuerte reflexión crítica conocida como el Movimiento de Reconceptualización. Influido por corrientes de pensamiento crítico y por la pedagogía emancipadora de Paulo Freire, este proceso cuestionó el asistencialismo tradicional y propuso comprender la pobreza como resultado de estructuras sociales injustas, más que como un problema individual (Freire, 1970). La intervención social comenzó a pensarse entonces como un proceso orientado a la concientización, la organización comunitaria y la transformación social.
Entonces, el Trabajo Social nació como una respuesta ética y política frente a las desigualdades producidas por el capitalismo industrial. Su razón de ser no fue nunca la administración del empobrecimiento, sino la transformación de las condiciones que la producen. En sus orígenes, la profesión se concibió como una práctica profundamente vinculada a la justicia social, a la organización comunitaria y a la defensa de los derechos de los sectores históricamente excluidos. Sin embargo, en el Chile contemporáneo —y en buena parte del mundo— esa vocación ha sido progresivamente erosionada por la infiltración de lógicas capitalistas que han reconfigurado el sentido mismo de las profesiones sociales.
Hoy, el Trabajo Social se encuentra atrapado en una paradoja. Por un lado, se le exige humanidad, cercanía, empatía y compromiso ético. Por otro, se le somete a sistemas de gestión que premian la rigidez, la estandarización y el control. Esta tensión no es accidental ni individual: es estructural. El capitalismo neoliberal no solo ha precarizado las condiciones materiales del ejercicio profesional, sino que ha colonizado las subjetividades, transformando a profesionales del cuidado en ejecutores de procedimientos, intermediarios de la escasez y, muchas veces, en rostros visibles de un Estado que administra la exclusión en lugar de erradicarla.
La escena se repite cotidianamente en oficinas públicas, servicios tercerizados y programas sociales. Personas que dependen de un documento, una autorización, un subsidio o una evaluación se enfrentan a profesionales que detentan un pequeño poder decisional. No se trata de un poder emancipador, sino de un poder delegado, limitado y profundamente asimétrico. Allí donde una firma o un clic puede destrabar una vida, aparece la frase que resume la colonización burocrática del trabajo social: «No se puede, son las reglas». Esta rigidez no responde necesariamente a la maldad individual, sino a un sistema que ha vaciado de sentido político a la profesión y ha recompensado la obediencia por sobre la reflexión crítica.
El capitalismo convierte a las profesiones sociales en engranajes de su propia reproducción. La escasez estructural se gestiona, se dosifica y se controla. El conflicto social se traduce en indicadores. El sufrimiento se convierte en expediente. En ese proceso, muchos profesionales —mal pagados, sobrecargados, evaluados por metas imposibles— terminan ejerciendo un poder de bloqueo, retraso o negación que no les pertenece realmente, pero que se convierte en el único espacio donde pueden «existir» dentro de una estructura laboral profundamente deshumanizante. El problema no es moralizar estas conductas, sino entender que son síntomas de un modelo que precariza tanto a quienes reciben la intervención como a quienes la ejecutan.
En Chile, este fenómeno se inserta en un contexto socioeconómico particularmente desigual. La reciente actualización metodológica para medir la pobreza, propuesta por la comisión asesora presidencial, evidencia la magnitud del desafío: aplicando criterios más rigurosos y alineados con el costo real de la vida, la tasa de pobreza por ingresos pasaría del 6,5 por ciento al 22,3 por ciento de la población. Este cambio no implica un aumento repentino de personas empobrecidas, sino que revela con mayor fidelidad las carencias preexistentes que una metodología anterior subestimaba. La pobreza multidimensional, que considera privaciones en educación, salud, vivienda y redes, afectaría al 24,6 por ciento de los hogares según la nueva propuesta. Estos números no son neutros: configuran un escenario donde el acceso a derechos básicos depende crecientemente de programas focalizados, evaluaciones técnicas y cupos limitados. El Trabajo Social opera, entonces, en el corazón de una maquinaria que administra carencias estructurales sin cuestionar sus causas profundas.
Las expresiones concretas de esta exclusión son aún más dramáticas cuando se examinan grupos específicos. El informe SITAN 2025 de UNICEF reveló que más de 1,2 millones de niños, niñas y adolescentes en Chile viven con dos o más privaciones simultáneas, como hacinamiento, malnutrición o falta de acceso a salud. En regiones como Ñuble, La Araucanía, Tarapacá y Arica, la pobreza multidimensional en la infancia supera el 27 por ciento. Datos del Observatorio Niñez Colunga complementan este diagnóstico: el 41 por ciento de los niños en Chile enfrenta al menos una carencia habitacional, y 97.312 niñas y niños en educación parvularia no tienen una cama propia para dormir. Más de 84 mil niños viven en campamentos, la cifra más alta desde 1996. En este contexto, el Trabajo Social se convierte en un campo de contención social. Se le asigna la tarea de amortiguar los efectos del modelo, no de transformarlo. La intervención se vuelve reactiva, fragmentada y orientada a cumplir con formularios más que a construir procesos colectivos de emancipación.
La masificación de la formación en Trabajo Social ha profundizado esta crisis. Chile es uno de los países con mayor número de programas y egresados en el área, en una profesión altamente feminizada y atravesada por lógicas de cuidado históricamente desvalorizadas. El resultado es un mercado laboral saturado, con salarios bajos, contratos temporales y una competencia feroz por puestos que, paradójicamente, exigen vocación y sacrificio permanente. El capitalismo se beneficia doblemente: obtiene trabajo emocional intensivo a bajo costo y desplaza la responsabilidad del bienestar social hacia individuos precarizados.
Desde una perspectiva decolonial y del Sur global, esta transformación no puede leerse solo como una crisis profesional, sino como parte de un proyecto más amplio de disciplinamiento social. Mientras que en los países del Norte global la pobreza multidimensional afecta a niveles considerablemente más bajos, en América Latina la incidencia regional alcanza el 27,4 por ciento de la población. El Trabajo Social latinoamericano, en lugar de cuestionar estas relaciones de poder históricamente configuradas desde la colonialidad, es empujado a reproducirlas. Se le pide controlar, clasificar, filtrar y priorizar en un contexto de escasez fabricada. Así, la violencia estructural se vuelve cotidiana, banal y aparentemente técnica. El daño al tejido social no proviene únicamente de la pobreza, sino de la normalización de prácticas que erosionan la confianza, la solidaridad y el vínculo humano.
La pregunta de fondo no es si el Trabajo Social está en crisis, sino para quién está funcionando el modelo actual. Mientras el capitalismo siga definiendo los marcos de intervención, la profesión continuará oscilando entre la vocación y la frustración, entre el cuidado y el control. Recuperar el sentido emancipador del Trabajo Social implica desobedecer la lógica puramente administrativa, re-politizar la intervención y reconocer que no hay neutralidad posible en contextos de desigualdad extrema.
El Trabajo Social no fue creado para decir «no se puede». Fue creado para preguntar por qué no se puede, quién decidió que no se pueda y a quién beneficia que siga siendo así. Mientras esa pregunta siga siendo incómoda, el capitalismo seguirá intentando domesticar la profesión. La resistencia, hoy, no es solo ética: es profundamente política.