Hay frases que en Chile todavía se pronuncian entre risas, como si fueran bromas inocentes: “Las venezolanas son todas bonitas”, “las colombianas tienen otro cuerpo”, “las caribeñas son más ardientes”, “las extranjeras son más cariñosas” o “seguro que vino a buscar marido”. Quienes las dicen pueden llamarlas halagos. Yo no puedo escucharlas así. En ellas oigo una forma de clasificar a las mujeres por su nacionalidad, su color de piel, su acento y su posición social; una manera de convertir una historia de vida en un cuerpo disponible para la mirada y el deseo ajenos.
La hipersexualización de las mujeres migrantes no es un cumplido. Es una reducción que borra sus conocimientos, profesiones, afectos, decisiones y proyectos. Además, puede preparar el terreno para vulneraciones más graves, como el acoso, la discriminación laboral, la explotación, la violencia sexual y el silenciamiento, ya que es sabido que antes de que una agresión sea reconocida como tal, muchas veces hubo una broma tolerada, una insinuación normalizada o un límite que nadie quiso respetar.
No hablamos de una realidad marginal. Al 31 de diciembre de 2023 residían habitualmente en Chile 1.918.583 personas extranjeras; cerca de 938 mil eran mujeres, equivalentes al 48,9 % de esa población (Instituto Nacional de Estadísticas [INE] & Servicio Nacional de Migraciones [SERMIG], 2024). Sin embargo, una cifra puede decirnos cuántas son, pero no cómo viven. No muestra a la trabajadora que debe soportar comentarios sobre su cuerpo, a la mujer racializada a quien vigilan cuando entra a una tienda, ni a quien teme denunciar porque su documentación está vencida o en proceso de regularización.
Migrar no significa dejar los derechos en la frontera. Aun así, pareciera que algunas personas creen que la condición de extranjera les concede permiso para preguntar cuánto cobra, tocar sin consentimiento, ofrecer empleo a cambio de favores sexuales o suponer que aceptará aquello que otra mujer rechazaría.
Imaginemos una escena cotidiana. Una mujer atiende en un restaurante, una peluquería, un almacén o un centro de llamadas. Mientras trabaja, un cliente imita su acento, comenta su cuerpo, le pregunta si tiene pareja o insiste en pedirle su número. Cuando ella manifiesta incomodidad, escucha: “Era una broma”, “no te enojes” o “si eres bonita, deberías agradecerlo”. Sin embargo, ella no está en igualdad de condiciones para responder. Depende de ese ingreso y sabe que poner un límite puede costarle una propina, una mala evaluación o incluso el empleo. Su cordialidad laboral es interpretada como coqueteo; su acento, convertido en fantasía sexual.
De este modo, la sexualización deja de ser solo una mirada y se transforma en una forma de disciplinamiento, en donde se le exige sonreír, soportar y callar. Porque si una mujer se defiende, corre el riesgo de ser catalogada como conflictiva, desagradecida o exagerada.
Pensemos en otras situaciones cotidianas donde la misma violencia puede provenir del interior del lugar de trabajo. Por ejemplo, un empleador afirma que la contrató por su “buena presencia”; un compañero insiste en invitarla a salir; un supervisor sostiene que las mujeres de su país son “más complacientes”… A veces, una oferta laboral cambia de significado con el tiempo, cuando se comienzan a incluir exigencias que jamás aparecieron en el anuncio.
Es importante señalar que no todas las mujeres migrantes enfrentan estas situaciones desde el mismo lugar. No es igual migrar con recursos y redes de apoyo que hacerlo huyendo de la pobreza, una crisis política, una catástrofe, una persecución o una relación violenta. Tampoco es igual contar con residencia regular que vivir con documentos vencidos o trámites pendientes.
En 2023, alrededor de 336.984 personas extranjeras residían en Chile en situación migratoria irregular, cerca del 17,6 % del total estimado (INE & SERMIG, 2024). La irregularidad no elimina los derechos, pero sí puede intensificar el miedo a acudir a una institución, denunciar un delito, exigir un contrato o escapar de una relación de dependencia. Un agresor sabe aprovechar ese temor, lo que da lugar a frases como: “Si me denuncias, te expulsarán”, “sin documentos no tienes derechos”, “nadie te va a creer” o “te quitarán a tus hijos”. Aunque esas amenazas carezcan de sustento jurídico, pueden resultar devastadoramente eficaces cuando la mujer se encuentra aislada, desconoce las normas o ya ha sido maltratada por alguna institución.
Por eso es imprescindible mirar esta realidad desde una perspectiva interseccional. Crenshaw (1989) mostró que las desigualdades de género y raza no actúan como compartimentos separados. Una mujer no puede dejar su género en casa antes de salir a trabajar, desprenderse de su nacionalidad al subir a una micro, borrar su color de piel al entrar a una tienda ni esconder su acento para ser atendida con respeto.
Ser mujer, migrante, afrodescendiente, pobre, madre, trabajadora informal, lesbiana, trans, indígena, estar en situación de discapacidad o mantener una situación migratoria irregular puede producir vulneraciones específicas cuando esas dimensiones se entrecruzan. La interseccionalidad no pretende establecer quién sufre más; permite comprender por qué la hipersexualización de una mujer migrante racializada no puede explicarse solamente como violencia de género ni únicamente como xenofobia. En ella confluyen género, nacionalidad, racialización, clase y estereotipos históricos acerca de determinados cuerpos.
Las cifras nacionales ya muestran un escenario grave: el 41,4 % de las mujeres encuestadas en la IV Encuesta de Violencia contra la Mujer declaró haber vivido alguna forma de violencia a lo largo de su vida, y el 21,7 % durante los doce meses anteriores a la medición (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2020). Sin embargo, muchas estadísticas no desagregan simultáneamente nacionalidad, situación migratoria, racialización, clase social, orientación sexual y tipo de violencia. Esa ausencia también vulnera, porque aquello que no se registra, difícilmente se convierte en prioridad para las políticas públicas.
La precariedad puede alcanzar incluso el lugar que debería ofrecer refugio. Una arrendataria sin contrato puede recibir insinuaciones o amenazas del dueño de la vivienda, y si no acepta sus acercamientos, podría perder la habitación donde vive con sus hijos. Entonces, el hogar deja de ser protección y se convierte en otro espacio donde alguien intenta controlar su cuerpo y sus decisiones.
Frente a estas situaciones, las preguntas “¿por qué no denunció?” o “¿por qué aceptó?” son injustas y demasiado cómodas. Depositan toda la responsabilidad en quien fue vulnerada, sin preguntarse si entendía el procedimiento, si le entregaron la información, si confiaba en las instituciones, si podía faltar al trabajo, si tenía quién cuidara a sus hijos o dónde dormir después de denunciar. Tal vez deberíamos preguntar por qué el agresor se sintió autorizado, qué hizo el entorno cuando presenció la violencia y si las instituciones ofrecieron una salida real o levantaron un nuevo muro.
La sociedad que sexualiza estos cuerpos también puede criminalizarlos. Una mujer migrante puede ser considerada deseable y peligrosa al mismo tiempo. Deseable como objeto de consumo sexual, pero amenazante como trabajadora, vecina, madre o integrante de la comunidad. Se le atribuye responsabilidad por la delincuencia, el desempleo o la saturación de los servicios públicos, aunque nada en su conducta individual la vincula con esos problemas.
Lo vemos en conversaciones familiares donde alguien afirma que “los extranjeros vienen a quitar el trabajo”; en reuniones de apoderados donde se cuestiona la presencia de estudiantes migrantes; y en redes sociales donde un delito cometido por una persona extranjera sirve para condenar a comunidades completas. Si una mujer responde, alguien le recuerda que “si no le gusta Chile, puede volver a su país”. La frase contiene una idea profundamente antidemocrática, que señala que una persona migrante solo merece permanecer si acepta el abuso en silencio.
Pero agradecer la oportunidad de reconstruir la vida no significa renunciar a la dignidad. La Ley N.º 21.325 de Migración y Extranjería establece la protección de los derechos de las personas extranjeras y la promoción de una migración segura, ordenada y regular, sin discriminaciones arbitrarias (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2021). Asimismo, la Ley N.º 21.675 reconoce las manifestaciones físicas, psicológicas, sexuales, económicas e institucionales de la violencia contra las mujeres e incorpora principios como la centralidad en las víctimas, la autonomía, la no discriminación y la prevención de la victimización secundaria (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2024).
Para una mujer migrante, esos principios deben traducirse en algo concreto: que la escuchen antes de juzgar sus documentos; que no tenga que repetir una y otra vez el episodio más doloroso de su vida; que reciba información comprensible; que no la hagan recorrer oficinas como si su sufrimiento fuera un trámite extraviado.
También me preocupa que la hipersexualización ayude a normalizar la explotación. Si una sociedad supone que ciertas mujeres son naturalmente sensuales, disponibles o “buenas para atender hombres”, le resultará más difícil reconocer la coerción detrás de una falsa oferta laboral o una relación de dependencia. Esto no significa equiparar automáticamente migración, trabajo sexual y trata de personas. Significa reconocer que el engaño, las amenazas, las deudas, la retención de documentos, el abuso de una situación de vulnerabilidad y las restricciones a la libertad pueden utilizarse para someter.
Una falsa oferta puede comenzar con un mensaje en una red social, como un anuncio de trabajo como mesera, modelo, promotora, cuidadora o asesora del hogar, con alojamiento incluido, traslado y buen salario. Al llegar, todo cambia. Aparecen deudas por transporte, vivienda o alimentación; se restringen las salidas; se controlan los ingresos y surge la amenaza de denunciar su situación migratoria. Ante esos casos, ¿quién se beneficia del miedo?
Mi vínculo con el teatro y con espacios comunitarios me ha permitido acercarme a historias de mujeres que han migrado, trabajado, cuidado, resistido y reconstruido sus vidas en Chile. No me corresponde exponer sus testimonios ni convertir sus experiencias en material de exhibición. Sí puedo decir que esos encuentros me han cambiado la manera de mirar.
He visto cómo una escena sencilla puede abrir una herida y, al mismo tiempo, una conversación necesaria, como en una entrevista laboral en la que el empleador observa primero el cuerpo y después el currículum; una trabajadora obligada a sonreír mientras un cliente imita su acento; una arrendataria que guarda silencio ante las insinuaciones del dueño porque detrás de ella hay niños que necesitan un techo. Cuando esas escenas se comparten, aquello que cada mujer creía una experiencia aislada comienza a reconocerse como un patrón social. A veces surgen palabras; otras veces, silencios. Ambos merecen respeto.
Esos espacios me han enseñado que escuchar no es exigir detalles traumáticos ni transformar el dolor ajeno en espectáculo. Escuchar es respetar el silencio, permitir que cada persona decida cuánto compartir y comprender que ninguna historia necesita ser exhibida para ser verdadera.
Detrás de cada estadística hay una vida concreta, hay una mujer que calcula si el dinero alcanzará para el arriendo; una madre que habla por videollamada con sus hijos en otro país; una trabajadora que cambia su recorrido para evitar a quien la acosa; una profesional que no puede ejercer su carrera; una vecina que toma la mano de otra y la acompaña a denunciar. Hay cansancio y miedo, pero también coraje, saberes y redes construidas a pulso.
Por eso sería otro error representar a todas las mujeres migrantes como víctimas pasivas. Ellas sostienen familias dentro y fuera de Chile, crean organizaciones, participan en sindicatos, agrupaciones feministas, espacios territoriales y culturales, y construyen comunidades de cuidado. No necesitan que les “demos voz”, porque ya la tienen. Lo que falta es que la sociedad y las instituciones aprendan a escucharla y a reconocer su participación en las decisiones que afectan sus vidas.
Es necesario articular redes comunitarias e institucionales frente a la trata de personas y otras violencias. Organizaciones sociales, comunidades, universidades y organismos públicos deben coordinarse para orientar oportunamente, evitar la revictimización e impedir que cada mujer enfrente sola un sistema fragmentado (Urzúa, 2026). Un espacio de escucha digno debe ofrecer seguridad, información clara, confidencialidad, consentimiento y posibilidades reales de participación.
A veces pensamos que combatir estas violencias requiere únicamente grandes reformas. Las leyes y las políticas públicas son indispensables, pero la transformación también comienza en escenas pequeñas: cuando dejamos de imitar un acento; cuando no tocamos un cabello sin permiso; cuando pronunciamos correctamente un nombre; cuando intervenimos ante un comentario sexual; cuando arrendamos una vivienda sin convertir la nacionalidad en sospecha; cuando reconocemos la formación profesional de quien hoy trabaja lejos de aquello que estudió.
También comienza cuando una empresa establece mecanismos seguros para denunciar el acoso; cuando un centro de salud informa sin humillar; cuando una escuela no responsabiliza a estudiantes migrantes por sus problemas de convivencia; cuando los medios dejan de destacar la nacionalidad solo para asociarla con delitos; y cuando una institución entiende que el estatus migratorio jamás debe utilizarse para desalentar una denuncia.
No basta con declararnos contra el racismo y la violencia. Debemos revisar las bromas que celebramos, las noticias que compartimos, las miradas que sostenemos y los silencios con los que protegemos a quien agrede.
Ninguna mujer debería demostrar que es buena, trabajadora, sumisa o agradecida para merecer derechos. No tendría que convertirse en una “migrante ejemplar” para acceder a justicia y respeto. Su dignidad no depende de cuánto se adapte, de cuánta violencia tolere ni de que su historia nos conmueva lo suficiente.
Yo no quiero un Chile que reciba a las mujeres únicamente cuando aceptan los trabajos más precarizados, cuidan en silencio o soportan comentarios sobre sus cuerpos. Quiero un país capaz de reconocerlas como sujetas de derechos, portadoras de saberes y protagonistas de sus propias vidas. La pregunta no es solo cuánto pueden adaptarse ellas a Chile, sino cuánto está dispuesto Chile a transformarse para convivir con dignidad, diversidad y justicia.
Porque un acento no es una invitación. Una nacionalidad no es consentimiento. La necesidad económica no convierte el abuso en acuerdo. Un trámite migratorio pendiente no suspende la dignidad. Y ninguna frontera puede volver disponible el cuerpo de una mujer.
Referencias bibliográficas
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2021). Ley N.º 21.325 de Migración y Extranjería. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1158549
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2024). Ley N.º 21.675: Estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1204220
Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. University of Chicago Legal Forum, 1989(1), 139–167.
Instituto Nacional de Estadísticas, & Servicio Nacional de Migraciones. (2024). Estimación de personas extranjeras residentes habituales en Chile al 31 de diciembre de 2023. Instituto Nacional de Estadísticas. https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/demografia-y-vitales/demografia-y-migracion
Subsecretaría de Prevención del Delito. (2020).IV Encuesta de Violencia contra la Mujer en el Ámbito de Violencia Intrafamiliar y en Otros Espacios (ENVIF-VCM). Ministerio del Interior y Seguridad Pública. https://cead.spd.gov.cl/estudios-y-encuestas/
Urzúa, V. (2026, 27 de mayo). Construir red para enfrentar la trata: La experiencia de RATT Chile. Revista Sur. https://www.revistasur.cl/revistasur.cl/2026/05/construir-red-para-enfrentar-la-trata-la-experiencia-de-ratt-chile/